Voy a tratar de plasmar en este artículo mis impresiones y opinión personal sobre lo acontecido en los últimos días en el seno de la carrera judicial y fiscal, poniendo al servicio la experiencia que me brindan los doce años pasados en la carrera y los nueve que llevo en excedencia en el ejercicio de la abogacía. En la actualidad no milito en la carrera judicial, aunque me siento con pleno derecho miembro de la misma en una concreta situación administrativa, y no puedo estar más de acuerdo con las movilizaciones y medidas acordadas, y que gravitan en torno a dos cuestiones que resultan ancestrales y recurrentes combatidas desde que ingresé hace más de veinte años: independencia y medios materiales.
Dentro de la primera se perseguía, se persigue y se perseguirá de manera recurrente desvincular al Poder Judicial del Poder Ejecutivo; cuestión ésta extremadamente difícil en los tiempos que corren, en que nos desayunamos cada día con continuos escándalos de corrupción en el seno de los partidos políticos y en la que, desde tiempos inmemoriales, los medios de comunicación vienen identificando con precisión el sesgo ideológico del juez o magistrado al que toca en suerte conocer de los procedimientos entablados. Esto difícilmente puede solucionarse con el actual sistema de nombramiento de vocales del CGPJ y los procedimientos de designación de cargos por elección por los órganos competentes dentro del Consejo General del Poder Judicial. Pero junto a ésta, coexiste otra reivindicación de rabiosa actualidad como resulta de los comunicados emitidos desde dentro de la carrera: la retributiva. Y no es cuestión baladí: Resulta manifestación directa del principio de independencia, así viene recogido en el artículo 402 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que subraya que el Estado garantiza la independencia económica de los jueces y magistrados mediante una retribución adecuada a la dignidad de la función jurisdiccional. Y esto no se cumple.
Los jueces y fiscales han venido siendo maltratados desde antaño, tratados como funcionarios públicos sujetos al Estatuto de los mismos cuando interesaba y desvinculándolos de aquél en las situaciones que pudieren favorecerlos. Las movilizaciones de hace unas semanas no se contraen solo al aspecto retributivo. Desde que ingresé en la carrera se ha producido una manifiesta pérdida competencial y de prestigio con la correlativa desprotección de los miembros de la misma expuestos a ataques interesados procedentes del Ejecutivo. Recientemente hemos asistido al ataque virulento del ya exministro de Justicia, con insinuaciones muy directas a la persona de un magistrado que dictó un voto particular en un procedimiento muy mediático que no me corresponde valorar, y ello con la indisimulable finalidad de ponerse al frente de la manifestación sin que pasara absolutamente nada. La sociedad debe ser consciente de lo exiguo de las remuneraciones de fiscales y magistrados sin que vengan en premiarse durísimos años de estudio para acceder, ni los desvelos y responsabilidades en el desempeño de una profesión en la que estás decidiendo sobre la vida y patrimonio de las personas. Jornadas agotadoras con guardias de disponibilidad satisfechas con cantidades manifiestamente irrisorias.
A estas reivindicaciones legítimas debe sumarse la falta de inversión en medios materiales y humanos. No sólo es que el número de jueces y fiscales resulte manifiestamente insuficiente y se estén superando con creces los ratios exigibles de carga de trabajo en los juzgados, es que los medios materiales de que disponen son insultantes por parcos. Plataformas que no funcionan, oficinas obsoletas, carencias de plantilla? Basta examinar los Presupuestos Generales del Estado para convenir que las inversiones son exiguas, explicado probablemente dicho déficit en que a nadie importa e interesa el funcionamiento de la Administración de Justicia por los escasos réditos electorales que devenga. Desde mi experiencia, si funciona la Administración es, junto al apoyo de otros cuerpos funcionariales, gracias a la ilusión y el ejercicio de voluntarismo de los miembros de ambas carreras, empeñados en prestar un servicio público de calidad y logrando, como revelan a diario las resoluciones que se dictan en los tribunales, que se mantenga la división de poderes como un pilar del Estado de Derecho. Y que dure?
