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Abogado

El Colegio de Abogados de Oviedo y la igualdad

El debate sobre la denominación de la institución profesional de los letrados para evitar expresiones masculinas

La junta general extraordinaria del Colegio de Abogados de Oviedo rechazó cambiar el nombre a Ilustre Colegio de la Abogacía de Oviedo. Esta decisión, absolutamente democrática, ya ha sido cuestionada por el colectivo "Abogadas por la Igualdad" (LNE, edición digital de 22/6/2018) que manifestó su intención de recurrir a los tribunales. Al margen de lo curiosa, desde el punto de vista estrictamente jurídico, que pueda resultar tal demanda, lo cierto es que esta decisión de la Junta Extraordinaria merece ser analizada, pues puede resultar -para muchas personas- cuando menos chocante.

Para comprender esta decisión entiendo que debe partirse de un malestar soterrado, pero cada vez más generalizado, con la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Oviedo. Las razones de esta desafección se pueden encontrar -según mi criterio- en diversas actuaciones de tal Junta de Gobierno que merecen ser expuestas:

1.- La Junta de Gobierno ha venido organizando diversos actos ("Desayunos por la igualdad", v.gr.) destinados a promover la no discriminación. Encomiable iniciativa. Lo que no encuentro tan encomiable es que la invitación personal a tales desayunos se efectuase sólo a las abogadas y no a los abogados. Parece deducirse que esta Junta entiende que la igualdad entre sexos es sólo cosa de mujeres, cuestión con la que muestro mi más absoluto desacuerdo. Y no sólo eso, sino que me resulta aún más sorprendente que el Colegio de Abogados de Oviedo establezca una discriminación simplemente por razón de sexo. Me consta personalmente que esta curiosa decisión ha sentado extraordinariamente mal entre muchas compañeras letradas.

2.- La Junta de Gobierno, a última hora, decidió la suspensión de una conferencia sobre la defensa de los acusados por maltrato de género (obsérvese: acusados, que no condenados, aunque daría igual). Para entender la gravedad de esta decisión hay que recurrir a los principios básicos y elementales que rigen la profesión de abogado. La primera, principal y fácilmente compresible obligación de un abogado es ofrecer a su cliente la mejor defensa posible. Los abogados no sólo no somos jueces, sino que jamás debemos actuar como tales. Cuando era un niño, le pregunté a mi padre, también abogado, como podía defender a culpables. Su explicación me marcó para siempre: "La justicia funciona de una manera muy sencilla: un señor dice todo lo malo que se puede decir sobre lo que ha hecho una persona; otro señor dice todo lo que puede beneficiar a esa persona, y un tercer señor escucha a los dos y decide que es lo correcto según la ley. Si uno de esos tres señores no hace lo que debe, la justicia no funciona". Obviamente, eso exige una formación completa y continua de los abogados, formación que depende, en parte, de los propios Colegios de Abogados. Cito literalmente el documento de la Naciones Unidas "Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, ONU Doc. A/CONF.144/28/Rev.1 p. 118 (1990):

"Competencia y preparación: Los gobiernos, las asociaciones profesionales de abogados y las instituciones de enseñanza velarán por que los abogados tengan la debida formación y preparación, y se les inculque la conciencia de los ideales y obligaciones éticas del abogado y de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional."

Es fácil de comprender el extraordinario disgusto que supuso la medida de la Junta entre el colectivo de abogados: muchos -me incluyo- consideramos que no sólo se había faltado a la obligación que acabamos de ver, sino que, aún peor, la Junta había decidido que hay justiciables de primera y de segunda. El abogado ya no defendía a su cliente, sino que primero lo juzgaba. Sostengo firmemente que esta decisión de la Junta de Gobierno fue absolutamente contraría al principio más elemental y básico de nuestra profesión.

3.- La última actuación de la Junta es aun más sorprendente. El Colegio había dejado de entregar en las conferencias las carpetas de las que disponía con su nombre y logotipo, para, en su lugar, dar unas de una entidad bancaria. La explicación no tiene desperdicio: como se va a cambiar el nombre (!) no las damos porque vamos a tirar todo el material con ese nombre. Aparte del despilfarro que eso suponía, lo que esto demuestra es una forma de entender el ejercicio del poder cuando menos aterradora.

Con estos mimbres, tal vez sea mucho más comprensible el rechazo al cambio de nombre. Lo que se está rechazando, entiendo, es una forma de entender el ejercicio de poder y una concepción de la profesión por parte de la Junta de Gobierno. En vez de asumir que las obligaciones de los abogados nos conciernen a todos los que desarrollamos tal profesión, seamos hombres o mujeres, ha decidido que existen dos clases de abogados: los hombres, a un lado, y las mujeres, al otro; en vez de asumir que la igualdad entre personas de distinto sexo pasa, sobre todo, por la normalidad, ha decidido que tal igualdad pasa por consagrar la anormalidad, por impedir que lo que debía entendido como una situación carente de relevancia (el sexo de una persona) pasa a ser considerado como el elemento discriminador.

Me voy a permitir, para acabar, dos observaciones finales. La primera es que, como ya he comentado, estos actos de la Junta han generado un malestar en muchas compañeras que es aún más grande que entre los compañeros. Entiendo sus razones: ante todo son abogadas y, además, no quieren que se las tome por tontas necesitadas de un amparo matriarcal que tan gustosa como no solicitadamente les facilita el Colegio.

La segunda reflexión, más bien confesión, es estrictamente personal: a mí me da exactamente igual cómo se llame el Colegio.

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