Dado el escaso margen que le permite su coyuntural mayoría, Pedro Sánchez ha optado por una política de gestos y actuaciones simbólicas. Y una de las que ha generado más polémica es el proyecto de retirar del llamado Valle de los Caídos los restos de Francisco Franco y (se supone que también) los de José Antonio Primo de Rivera.
La operación se presume más complicada de lo que parece porque la familia del dictador no parece dispuesta a colaborar y la del fundador de Falange, que se sepa, todavía no ha dicho nada al respecto. Eso por un lado, pero por otro tampoco aporta demasiada claridad jurídica la voluntad de quienes desde la más alta magistratura del Estado ordenaron la sepultura de los restos. La de José Antonio puede atribuirse a Francisco Franco que en 1939 dispuso su traslado desde Alicante hasta el Escorial (lugar de sepultura de los Reyes españoles) y en 1959, a las instalaciones del recién inaugurado mausoleo. Los dos entierros de José Antonio fueron un grandioso espectáculo de estética fascista, con la urna funeraria llevada a hombros de falangistas que se iban sucediendo en la tarea rodeados de antorchas encendidas durante todo el trayecto a pie. El lugar de enterramiento de Franco cabe atribuirlo al rey Juan Carlos I que acababa de suceder al dictador y le organizó un traslado hasta el Valle en un camión militar. En vida del general, no está documentado su deseo de ser inhumado allí y ni siquiera Juan de Ávalos, el autor de las esculturas del monumento, recuerda haberle oído hablar del asunto. Fallecido Ávalos en 2006, y fallecidos una mayoría de testigos que pudieran aportar alguna información, solo cabría citar a declarar al Rey emérito para que explique las razones que le llevaron adoptar esa medida. Aquellos eran tiempos de incertidumbre y aunque Juan Carlos había heredado el poder omnímodo de quien le había dado la Corona, era prudente hacer concesiones (ahora diríamos que política de gestos) hacia los sectores que habían apoyado la dictadura.
Otro asunto a considerar es el destino del colosal monumento que se erigió con la supuesta intención de hermanar "manu militari" a los caídos de ambos bandos. Y entonces habrá que identificar los restos de los allí enterrados a la fuerza, oír a su familias, estudiar los informes de los expertos sobre el patrimonio artístico a respetar (fundamentalmente la obra de Juan de Ávalos), negociar con la jerarquía eclesiástica la presencia, o ausencia, de la comunidad de monjes benedictinos que allí habita, y, en fin, una serie de tareas y de trámites que se antojan imposibles de cumplimentar en los dos años que quedan de legislatura, si es que antes no se convocan nuevas elecciones.
