Se quejan los jubilados por la cuantía de sus pensiones de mala muerte y, coincidiendo con su protesta, el Gobierno anuncia una ley de eutanasia, palabro griego que podría traducirse por buena muerte.
Nada tiene que ver una cosa con la otra, claro está; pero aquí la gente es muy mal pensada. Ya hay quien se malicia que los nuevos mandamases pretenden reducir el gasto en subsidios de vejez por el método un tanto expeditivo de facilitar a los pensionistas el último trance. Tampoco hay que exagerar, hombre.
Bien es verdad que, en Japón, país de gente aún más longeva que España, las autoridades vienen manejando desde hace años imaginativas soluciones para bajar la factura de los abuelos a la Seguridad Social.
El ministro nipón de Finanzas, Taro Aso, arenga de vez en cuando a sus ancianos para que se mueran lo antes posible y dejen de ser una carga para las arcas del Estado. Aunque se conserva muy lozanamente, el tal Aso anda ya por los 77 años, circunstancia que tal vez debiera inclinarlo a hacerse el harakiri en coherencia con su programa de ahorro en pensiones; pero se ve que tampoco él está por la labor.
Lo del japonés no deja de ser, en realidad, una simple invitación a palmarla que los así requeridos pueden atender o no. Otra cosa sería que el Estado, tan prolijo en reglamentos, incluyese entre las indicaciones de la eutanasia el excesivo coste de los jubiletas para el Tesoro Público. Aquí somos muy de extremos, como todo el mundo sabe; y quizá por eso haya cundido una cierta inquietud entre los posibles afectados.
Los ministros españoles no llegan, ni de lejos, a la descarnada franqueza de su colega del Sol Naciente, empeñado en reprocharles a sus pensionistas lo mucho que viven. No es menos verdad, sin embargo, que tampoco aquí paran de recordarnos el abultado gasto que suponen las pensiones.
Que si han subido un 3 por ciento en solo un año; que si la factura excede ya los 9.000 millones al mes; que si se ha vaciado la hucha de emergencia para estas pagas. Que si la esperanza de vida (única que les queda a muchos) no para de crecer en España. Un mero vistazo a los titulares de periódicos resulta desolador.
Más alarmante aún que eso es el habitual informe del Fondo Monetario Internacional en el que ese organismo -tan influyente- alerta una y otra vez a los gobiernos sobre el "riesgo" de que los Estados no puedan afrontar las pensiones de sus asegurados, si estos porfían en seguir muriendo más tarde de lo aconsejable. A juicio de los analistas del FMI, esa actitud insolidaria podría hacer quebrar la tesorería de las naciones que cargan con los pagos a esta parte tan numerosa y poco productiva de la población.
Por fortuna, el mentado Fondo no ha llegado al extremo de recomendar a los gobiernos que fijen una edad máxima de defunción a partir de la cual la gente deba morir, so pena de verse privada de su paga.
Aun así, los más aprensivos han recibido con suspicacia el anuncio de una ley de buena muerte, con el muy exagerado temor de que el Estado pretenda facilitarles el matarile a los pensionistas para hacer cuadrar las cuentas de la SS. A tanto no llegará, naturalmente, el espíritu contable propio de los gobiernos. Si el expeditivo Taro Aso no se ha hecho aún el harakiri, tampoco sus colegas españoles se van a suicidar políticamente con la renuncia a esos millones de votos con canas. Tranquilidad, pues.
