La pasada semana, en el Colegio de Ingenieros de Minas, Jorge Sanz, presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, presentaba las conclusiones del Informe que debe servir de base para el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que nuestro país presentará a la Unión Europea antes de final de año. El plan incluirá los objetivos nacionales 2021-2030 con sus metas y contribuciones para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables, eficiencia energética, seguridad energética, mercado interior de la energía e innovación.
Apenas unas horas antes y en Valencia, la vicepresidenta de la CNMC, la ovetense María Fernández, incidía en la necesidad de que este proceso de descarbonización se realizara de la forma más ordenada y con la mayor planificación posible ya que la desaparición del carbón y la nuclear, que mantienen la estabilidad del sistema eléctrico español, podría disparar los precios de la electricidad en nuestro país.
La avalancha de mensajes políticos y mediáticos surgidos en los últimos meses nos trasladan una imagen de descarbonización exprés. Sin embargo, debo recordar a los lectores que hablamos de objetivos a 2030, que pueden incluso alargarse a 2050. Que no nos engañen. Esto no se puede ni se debe hacer con urgencia, como algunos pretenden hacernos creer. Hay margen para que las decisiones se tomen de forma progresiva, pautadas y consensuadas, con plazos suficientes para que los impactos negativos se amortigüen.
Desde el Colegio de Ingenieros de Minas del Noroeste, los ingenieros de minas hemos manifestado públicamente en innumerables ocasiones que es absolutamente prioritario mantener el mix energético existente y que las centrales de carbón deben continuar en funcionamiento al menos hasta 2030. Un país como el nuestro no puede permitirse el lujo de adoptar decisiones políticas que obliguen al cierre de determinadas tecnologías antes de tiempo. Caer en una descabonización exprés sería un juego muy peligroso. Además, hay plazo para hacerlo bien, dejemos que los mecanismos de mercado hagan su trabajo y seleccionen aquellas tecnologías de generación eléctrica que no sean rentables sin demonizar ninguna y así seguir aprovechando la gran diversificación del sistema español, sin duda la mejor de la UE. Los ingenieros de Minas apostamos por todas las tecnologías, incluido por supuesto el carbón, y lo hacemos desde un claro compromiso con el medioambiente y con que el precio de la electricidad haga competitivas nuestras industrias.
Es fundamental pautar el cambio hacia una nueva economía baja en carbono, pero el cierre de centrales no debería realizarse sin que se hayan implantado los mecanismos necesarios para que los trabajadores y las zonas afectadas no sean los que paguen las consecuencias, por lo que deberá primar la sensibilidad y poner los medios económicos pertinentes de ayudas al desempleo y la reconversión. Esta es una recomendación que el propio informe de los expertos recoge y que debe desarrollarse en forma de un detallado plan que prepare las zonas afectadas para minimizar los impactos. Hay que implantar soluciones que impliquen la creación de valor económico y social en las comunidades que se verán afectadas por la descarbonización y Asturias es una de ellas con sus grandes centrales de carbón y sus grandes empresas consumidoras, que son fuente de creación de riqueza para la región y que dependen de que el precio de la energía sea competitivo, estable y predecible.
Los responsables políticos deberán contar con medidas para los colectivos afectados más vulnerables hasta llegar al equilibrio entre disponer de puestos de trabajo y actividad en las zonas y la preocupación por el medio natural, lejos de posiciones demagógicas o insuficientemente informadas. En cualquier caso, el cierre de centrales de carbón o de otras tecnologías, cuando llegue el momento, deberá desarrollarse de manera paulatina acompasada a la implementación de las tecnologías de almacenamiento que permitan un mayor grado de penetración de las renovables.
La futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética precisa de las aportaciones y consenso de todos los sectores implicados. El país se enfrenta al reto de conseguir un marco regulatorio energético y climático que además potencie a la industria como generadora de riqueza y fuerza tractora de la actividad económica.
Los ingenieros de minas pedimos un pacto de Estado por la energía en el que todas las fuerzas políticas entiendan lo que nos jugamos para conseguir una España sostenible económica y ambientalmente. La transición energética supone un reto y una oportunidad para que España desarrolle una economía baja en carbono que contribuya a la lucha contra el cambio climático y a la vez que dote a su industria de un marco de suministro eléctrico competitivo, estable y predecible. Hay tiempo para hacerlo bien. No nos precipitemos o tendremos que cargar con las negativas consecuencias de una descarbonización exprés.
