La reunión de Pedro Sánchez y Quim Torra confirma que con el nuevo gobierno ha empezado a soplar un aire más cálido en torno a la cuestión catalana. Ambos se esfuerzan en transmitir esa sensación con gestos de complicidad, aunque bien saben que una parte de la sociedad española los recibe con una mueca de disgusto. El hecho mismo de que la reunión se haya celebrado, sin condiciones previas y en calma, tiene un valor político indiscutible, si lo juzgamos en relación con la etapa de máxima tensión del proceso hacia la independencia iniciado en 2012 por los nacionalistas catalanes y frenado por el gobierno español, con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, mediante la intervención de la Generalitat a través del artículo 155 de la Constitución en octubre del año pasado. Pero sería prematuro lanzar las campanas al vuelo. Al final de la cita no hubo más acuerdo que el de organizar reuniones y, por tanto, habrá que esperar al menos hasta el otoño para comprobar si las relaciones de la autonomía catalana con el Estado español se normalizan definitivamente, dentro del orden constitucional, el único ámbito donde por ahora eso puede suceder.
Por la importancia del encuentro y por la enorme expectación que lo precedió, la ocasión merecía que fuera el presidente del gobierno español quien compareciera ante los periodistas. En su lugar lo hizo la vicepresidenta, que dedicó sus parcas palabras a reiterar algunas premisas consabidas, admitiendo que no había estado presente y que desconocía el contenido completo de la conversación. Fue una oportunidad perdida por Pedro Sánchez de hablar claro, que por el contrario el presidente del gobierno catalán aprovechó para mostrarse satisfecho por el reconocimiento político que se le otorgó y por la coincidencia del presidente del gobierno español en considerar la cuestión catalana como un problema de naturaleza política que requiere una solución igualmente política. Abundó en que el tema principal de la reunión había sido el ejercicio del derecho de autodeterminación y al respecto emplazó a Pedro Sánchez a dar una respuesta en cuestión de meses. La comparecencia de Torra fue más densa y dinámica. Tuvo que responder a más preguntas de mayor calado político, planteadas por medios nacionales y extranjeros. Cuando un periodista de la radio pública francesa le preguntó si no apreciaba alguna incompatibilidad entre la petición de un estado independiente y la negociación de forma simultánea de inversiones y medidas políticas, deslizó que las comisiones sectoriales trabajarían mientras se decidía sobre la convocatoria de un referéndum, única manera concebible, dijo, de ejercer el derecho de autodeterminación, que sigue siendo su prioridad absoluta.
La versión del encuentro ofrecida por el gobierno catalán no ha esquivado ningún tema y ha sido más detallada. Carmen Calvo se dio por satisfecha con el encuentro, rechazó el derecho de autodeterminación y que hubiera presos políticos, y aseguró que el gobierno protegerá el orden constitucional. Pero no precisó ninguna de las iniciativas del gobierno y apenas fue capaz de balbucear una lacónica respuesta cuando se le preguntó por el veto de las autoridades independentistas al rey. En resumen, en La Moncloa el gobierno catalán se ha mostrado más firme en sus posiciones que el gobierno español.
El presidente de Cataluña ha encontrado quien le escuche en Madrid. Ha visitado al presidente del gobierno español, le ha dejado sobre la mesa la demanda soberanista y lo ha emplazado a darle una respuesta dentro de unos meses, cuando se reúnan de nuevo. Torra ha vuelto a Barcelona contento porque ha podido expresarse con entera libertad, ha visto a Pedro Sánchez tomar nota de sus planteamientos y el gobierno español le ha concedido el estatus de interlocutor político. El clima de la reunión fue tan distendido que se prolongó más de lo normal, dándoles tiempo incluso para intercambiar impresiones sobre reformas legales que afectan al ejercicio de derechos y libertades fundamentales de todos los españoles.
La crisis institucional que provocó el llamado proceso, según parece, no fue tema de conversación. Ni Torra se comprometió a actuar dentro de los límites constitucionales, ni Pedro Sánchez creyó oportuno remover hechos pasados, por más que la amenaza de que las fuerzas independentistas intenten saltar por encima de la legalidad siga viva. A la luz de la historia de Cataluña en los últimos años, la actitud del gobierno español con el catalán es sorprendente y provoca desconcierto. Uno se pregunta si es parte de una estrategia, y a dónde se supone que conduce la misma, o si es un síntoma de las dificultades de un gobierno formado sobre una reducida minoría, que para sobrevivir depende precisamente de los independentistas.
El independentismo es un dato de la realidad política, sobre el que algunos hacen malos augurios basándose en proyecciones demográficas y electorales. Es un hecho, asimismo, que el independentismo catalán persiste en su objetivo de crear un estado catalán, tras haber fracasado en el primer intento. El gobierno de Rajoy mantuvo una posición invariable al respecto. Necesitamos la misma claridad del gobierno actual. Saber cuál es su propósito y hasta dónde está dispuesto a llegar. Lo que sí queda claro después de la reunión en Moncloa, es que el gobierno de Pedro Sánchez acusa una gran dependencia de partidos con fuertes tendencias centrífugas en cuanto a la organización territorial del estado y que en este asunto ha tomado un camino que probablemente lo aleje mucho del PP y de Ciudadanos, con los que tenía un acuerdo básico.
