Las instituciones europeas han sido implacables con Grecia por cuestionar la ortodoxia económica. En cambio, toleran el ultraderechismo de los gobiernos de Italia y Polonia.
Creemos en una Europa donde la política económica pueda ser objeto de discusión y debate, pero no así los más elementales derechos humanos, de las mujeres y de las personas LGTB.
Vivimos tiempos de doble moral, doble verdad y doble contabilidad, decía hace años el escritor Manuel Vázquez Montalbán. Polonia es hoy el ejemplo más claro de ese doble rasero que la Comisión Europea practica con los países miembros cuando de lo que se habla es de derechos, y no de economía. Las mismas instituciones europeas que fueron implacables contra Grecia por pedir una reestructuración de su deuda pública permiten con su pasividad que los gobiernos xenófobos y liberticidas sigan recortando en plena Europa las libertades democráticas y desobedeciendo los acuerdos que en 2015 adoptamos en materia de acogida.
En esta Unión, las políticas económicas en favor de los más ricos son sagradas, mientras que los derechos de las mujeres y de las personas migrantes son siempre negociables. A la Comisión le preocupa más que el nuevo gobierno italiano de Matteo Salvini sea anti-euro, o que deje a la deriva a los refugiados del barco "Aquarius". Mientras tanto, cumplir con el deber de acogida, como hace Grecia cada día en las costas del Egeo, no se premia ni recompensa con un alivio de su insostenible deuda. Incumplir la política de cuotas, como ha hecho sistemáticamente el PP en España, o directamente ignorarla y boicotearla, como hacen los gobiernos de Austria, Hungría y Polonia, sale gratis.
La Liga en Italia y Ley y Justicia en Polonia están amenazando los mínimos democráticos que un país europeo debe cumplir para poder ser miembro de pleno derecho de la UE. El caso de Polonia es algo menos conocido en nuestro país, pero no por ello menos peligroso. El gobierno polaco se niega a acoger a personas refugiadas, está recortando las libertades y derechos democráticos de su ciudadanía, y, muy especialmente, está convirtiendo a Polonia en uno de los peores países de nuestro continente para nacer y ser mujer. Se calcula que cada año 150.000 mujeres polacas se ven obligadas a abortar en la clandestinidad con el consiguiente peligro que esto supone para sus vidas. El autoritarismo de Ley y Justicia demuestra que la lucha de las mujeres polacas por el aborto libre, así como el movimiento LGTB de este país, son la punta de lanza de la lucha por una Polonia verdaderamente democrática, libre de xenofobia, homofobia y machismo.
Nos solidarizamos con todas y todos quienes luchan en Polonia por las libertades democráticas incluyendo la libertad sexual y reproductiva, y pedimos a la Comisión que de verdad aplique sanciones reales y efectivas que contribuyan a una rectificación del autoritarismo gubernamental. Porque creemos en una Europa donde, al contrario de lo que hoy pasa, la política económica pueda ser objeto de libre discusión y debate, pero no los más elementales derechos humanos, de las mujeres y de las personas LGTB.
