El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recibirá el próximo miércoles al jefe del Ejecutivo asturiano, Javier Fernández, en Moncloa. Tres son los grandes asuntos en el orden del día: transición energética, financiación autonómica e infraestructuras. Asturias necesita conjurar el peligro de una descarbonización exprés, mantener el statu quo en el futuro sistema de reparto del dinero entre las autonomías y disipar toda sombra de duda sobre los compromisos que había adquirido el anterior ministro de Fomento con la Variante, las cercanías ferroviarias o el plan de vías de Gijón. A Pedro Sánchez se le presenta una ocasión de oro para demostrar la sinceridad y el calado de su compromiso con los asturianos.

Asturias aguarda con expectación, no exenta de cierto morbo, el primer encuentro que mantendrán los presidentes de España y del Principado. Con expectación por la trascendencia de las materias a tratar. Con morbo por la encarnizada lucha que ambos dirigentes libraron hace bien poco por el rumbo ideológico del PSOE, episodio que, caprichos del destino, acabaría dando a Sánchez las llaves del partido y del palacio de la Moncloa.

De la transición energética, alarmante para el futuro de Asturias en los términos en los que la plantea el Gobierno de la nación, poco puede añadirse a lo ya escrito en este mismo espacio editorial. Una decisión que pone en peligro 25.000 empleos en la región, la permanencia de algunas de sus principales multinacionales y la cuenta de resultados de El Musel no puede ser, por mucho que intente pintarse de verde, una decisión acertada.

Hace ahora seis años, en lo más negro de la recesión, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, declaró en Londres: "Haré lo que haya que hacer (para salvar el euro) y, créanme, será suficiente". Sus solas palabras tuvieron un efecto taumatúrgico en la economía mundial. Sirvieron para arrojar luz sobre mercados tenebrosos. No importan sólo los hechos, también las palabras. Por eso sorprende tanto que desde el Ministerio para la Transición Ecológica se sentencie con tanta alegría el carbón o el diésel. Como si esos pronunciamientos no tuvieran impacto alguno en las decisiones de las empresas. Lo tienen, y prueba de ello es lo que Naturgy (antigua Gas Natural Fenosa) ha dicho esta misma semana sobre el futuro de sus térmicas, una de ellas en Soto de la Barca (Tineo): "Habrá que analizar si compensa hacer la inversión necesaria para que sigan funcionando. Nosotros estamos a lo que nos diga el Gobierno".

Nadie cuestiona la protección del medio ambiente, que es responsabilidad de todos. Tampoco se trata de disculpar la imprevisión de quienes tenían que haberse anticipado al declive del carbón y, en general, de los combustibles fósiles, sobre todo en un territorio tan expuesto como el asturiano. Pero nada limpio explica tanto apremio e indiscreción, tanta temeridad.

El segundo gran asunto a tratar entre los presidentes de España y Asturias es la financiación autonómica. El Principado aspira a consagrar la solidaridad entre comunidades, a que prime el coste unitario del servicio sanitario, educativo o social por encima de la capacidad recaudatoria y fiscal de cada territorio. No parece una reivindicación difícil de asumir por un Gobierno de izquierdas que ha hecho de la lucha contra la desigualdad una de sus principales guías.

El riesgo es que la precariedad parlamentaria de Pedro Sánchez y su propósito de acabar la legislatura le inclinen a satisfacer a las formaciones que lo sostienen: Podemos y los grupos nacionalistas, catalanes y vascos. Sería inaceptable que unas regiones recibieran mejor trato que otras, y nada aleccionador que las cumplidoras, como Asturias, se llevaran la peor parte. El tiempo dirá si el Presidente decide gobernar para todos los españoles o prefiere hacer campaña desde el Ejecutivo para llegar lo mejor posible a las próximas elecciones.

En materia de infraestructuras, si en alguna comunidad está justificado el discurso del agravio es en Asturias. Ninguna otra región tiene peajes más elevados, vuelos más caros y trenes más lentos. El ferrocarril con la Meseta circula por la misma rampa inaugurada hace 134 años. El anterior ministro de Fomento había comprometido la finalización de las obras de la Variante para el verano de 2020, pero el cambio político ha sumido de nuevo el proyecto en la incertidumbre. La comunicación ferroviaria con Galicia y Cantabria es aún peor. La red de la antigua Feve presenta un estado lamentable. Y el plan de cercanías, dotado con 580 millones y a ejecutar hasta 2025, también ha quedado en el aire.

Hay más carencias de calado que competen, al menos en parte, al Estado: los planes de vías de Gijón, Avilés y Langreo, la ronda norte de Oviedo, el tercer carril de la "Y", la continuidad de la Autovía del Suroccidente, la Autopista del Mar... Oviedo aspira a recuperar los terrenos de La Vega, propiedad de Defensa. Gijón reclama la "deshibernación" de la regasificadora de El Musel, construida y sin uso. Y las Cuencas, en fin, quieren hacer valer su apoyo a Sánchez en plena travesía del desierto.

A los dos presidentes cabe exigirles altura de miras, lealtad institucional y cooperación. Sería una bajeza, impropia de quien rige los destinos de un país, que las hostilidades del pasado acabasen pasando factura a los asturianos.