El Estado español tendrá que abonar una multa de 12 millones de euros por el reiterado incumplimiento de la depuración de las aguas residuales de nueve localidades españolas de más de 15.000 habitantes, entre ellas Gijón, que sigue sin depurar los vertidos de la zona este de la ciudad, donde habita la mitad de la población. A esa cantidad habrá que añadir otros 11 millones más cada seis meses que se siga incumpliendo la normativa europea. El cuarenta por ciento de la sanción impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea corresponde al caso gijonés.

Las instituciones comunitarias llevan años avisando al Estado español de la obligación de contar con los mecanismos de depuración de una directiva europea que se remonta al año 2001. Ha pasado más de una década de la primera advertencia y la depuración de las aguas residuales de la zona este de la ciudad sigue estancada. La planta depuradora, cuya construcción costó 36,9 millones de euros, está acabada pero no llegó a entrar en funcionamiento por decisión judicial, tras el largo contencioso emprendido por los vecinos de la colonia de El Pisón, que tienen sus casas a escasos metros de la instalación. Ganaron los pleitos en todas las instancias, incluido el Tribunal Supremo, que ratificó en 2016 la sentencia favorable a los afectados dictada por la Audiencia Nacional dos años antes.

El problema es peliagudo, puesto que no se trata de retrasos en la construcción de la planta, sino de su necesaria y urgente puesta en funcionamiento pese a los reiterados pronunciamientos judiciales en contra. La Federación de Asociaciones de Vecinos de Gijón ha pedido la activación inmediata de la depuradora "por interés general", pero los habitantes de la colonia de El Pisón han anunciado, a través de su representante legal, que presentarán una nueva querella si el Ministerio para la Transición Ecológica, que tramita actualmente una nueva declaración de impacto ambiental de la instalación, mantiene la ubicación de la planta en el mismo lugar, como así se anunció en la tarde de ayer desde la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. La solución ha de acometerse con urgencia, pero no es sencilla si nuevos pleitos siguen retrasando la apertura de la planta.

Los gijoneses pagamos ahora el coste económico y ambiental de una negligencia, de decidir una ubicación que ha sido cuestionada por los tribunales. Que los poderes público resuelvan el galimatías con todas las garantías legales, puesto que Gijón debe completar cuanto antes su sistema de saneamiento y no seguir señalado en el mapa de los incumplimientos de la normativa europea. Las aguas residuales de más de 150.000 gijoneses no pueden ir a parar, sin tratamiento, directamente al mar, que por unas causas u otras estamos convirtiendo en una cloaca.