El Gobierno de Pedro Sánchez ha perdido su primera votación importante: no encontró apoyos parlamentarios para aprobar su propuesta de techo de gasto como paso previo al diseño de los presupuestos generales del Estado para 2019. No lo escuchará en ningún telediario, pero este mecanismo, establecido en la ley de Estabilidad Presupuestaria, debe ser aprobado igualmente en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. El PSOE ha admitido indirectamente que no estableció ninguna negociación en la Cámara Baja con quienes invistieron a Sánchez (Podemos, Ezquerra Republicana, PdeCat) que se enfadaron mucho. Los genios podemitas, por ejemplo, afearon la conducta a los socialistas, señalando que lo propio era modificar la ley de Estabilidad Presupuestaria con el objetivo de agujerear el techo a gusto y gastar así, sin pudibundas estrecheces tecnocráticas/pequeñoburguesas/mandatadas por el capitalismo transnacional. Cabe maliciar que los socialistas dieron por segura su derrota, anticipándose al bloqueo del PP. Ninguna disposición legal prohíbe expresamente presentar y ratificar un proyecto presupuestario sin la aprobación previa de un techo de gasto, y creo que esa es la vía que tomará el PSOE. No, no es una obligación jurídica, pero afectará a la imagen exterior de España y a las relaciones con la UE y sus socios. Miren, un listillo dispuesto a saltarse -siquiera modestamente- la disciplina presupuestaria. La otra opción, por supuesto, consiste en prorrogar los presupuestos de Cristóbal Montoro y su equipo aunque sometiéndolo a modificaciones carniceras: trampeando a base de decretos gubernamentales.
El presidente Sánchez ha repetido una y otra vez -contra lo que anunció al presentar la moción de censura- que su pretensión es agotar la legislatura, es decir, llegar en el Gobierno al 2020. Sabe perfectamente que es imposible. El segundo objetivo, más modesto, es llegar a las elecciones autonómicas y locales de 2019 en el poder y convocar en otoño si los astros demoscópicos son propicios. Entre lo breve y lo efímero. La distancia entre la puñetera realidad económica y fiscal y la necesidad de satisfacer demandas de cambio va a ponerse muy entretenida. Para 2019 el déficit debe ajustarse a un 0,9% del PIB y eso significa aumentar los ingresos unos 5.000 millones para mantener la actual estructura del gasto. Desgraciadamente solo el aumento de pensionistas en 2019 doblará esas exigencias. De dónde sacará Sánchez y su gabinete unos 10.000 millones de euros para seguir abonando pensiones y sosteniendo los sistemas públicos de sanidad y educación - sostener este nivel, sin introducir mejoras apreciables para la mayoría -- es lo que nadie explica. Entre la derecha que quiere estrangularlo y la izquierda que necesita justificar ante su clientela sostener a un socioliberal quizás Sánchez no pueda celebrar la Navidad en La Moncloa cercado -además - por un ejército de caganers.
