España es uno de los países del mundo desarrollado en el que más ha aumentado la desigualdad económica durante los últimos años. Las razones de este puesto de cabeza son varias, pero las principales son las derivadas de la baja sensibilidad de los gobiernos, principalmente los de Rajoy, con los problemas de las clases más desfavorecidas.
La desigualdad tiene múltiples causas, viniendo las más importantes de las políticas empresariales y públicas. En las empresas hay diferencias salariales que a veces llegan a niveles escandalosos como es el caso de Inditex, donde en 2016 su presidente cobró un sueldo 559,2 veces mayor que el sueldo medio de los empleados del grupo, es decir, ¡en un día de trabajo ganó el equivalente al sueldo del trabajador medio del grupo de 2,5 años! Diferencias muy elevadas se dan también en otras muchas empresas españolas como Ferrovial o Banco Santander. En los últimos años estas divergencias de sueldos se han acrecentado de forma significativa en varios países desarrollados. ¿Están justificadas tales diferencias? La investigación económica no encuentra ningún argumento convincente que relacione una mayor eficiencia económica con los mayores sueldos de los directivos mejor pagados (Antón Costas, "El País Negocios", 1-7-2018).
Las desigualdades también dependen del nivel reivindicativo de los distintos colectivos. Recientemente los jubilados españoles, que son el colectivo de edad que mejor ha salido parado de la pasada crisis y que tiene una renta media superior al sueldo medio de los asalariados, han iniciado una sostenida reivindicación económica. En cambio, los menores de 30 años con una renta media muy inferior a la de los jubilados han sido los grandes perdedores, pasando de tener un 21,31% de sus miembros en situación de pobreza en 2007 al 45,7% en 2016, siendo al mismo tiempo unos precarios políticos sin influencia en la toma de decisiones democráticas.
Con todo, la principal justificación de las diferencias de riqueza, al margen de las herencias recibidas y de algún caso de fortuna como premios de loterías y similares, proviene del hecho de considerar que la retribución por el trabajo debe estar en función de la aportación que haga cada trabajador al mismo, debiendo ser esto así pues en caso contrario no habría incentivos para mejorar ni para ser más productivo, pues todos los empleados cobrarían sueldos similares, salvo las diferencias lógicas derivadas de las distintas responsabilidades, dificultades del puesto, etc. Esta argumentación puede tener base económica dentro de ciertos límites, pero no tiene base moral. Supongamos que alguien tiene buenas cualidades como: ser muy inteligente, muy hábil, gran capacidad para desarrollar buenas ideas, etc., lo que le permite ser mejor en su trabajo. En su mayoría estas cualidades son innatas, es decir, se nace con ellas, aunque algunas en parte también se pueden cultivar, de forma que su mérito principalmente depende de la suerte que ha tenido al nacer. Cuanto mayor sea la creencia de que el éxito es obra propia, menos responsables nos sentiremos con los que fracasan (Michel J. Sandel, "Justicia", Penguin Random House). Esta creencia de basar los sueldos principalmente en méritos personales, que el filósofo político estadounidense John Rawls denominaba "arbitrariedad moral de la fortuna", es por tanto un error, un mito que habría que eliminar, pues nadie se merece la superior capacidad que pueda tener bien por naturaleza o bien proveniente de una situación social más favorable, pues lo que mide dicha facultad es su suerte y no su virtud. Consecuentemente, moralmente no está justificado que existan grandes diferencias de renta a partir de supuestas o reales capacidades laborales divergentes. Obviamente, lo anterior no supone que no deban existir diferentes retribuciones en función del trabajo aportado por cada persona, pero una cosa es que existan diferentes retribuciones según el resultado aportado a la empresa y otra que estas sean abismales e injustificables.
Los datos demuestran que normalmente las grandes desigualdades de renta generan diversos tipos de problemas como: peor salud física y mental, mayor delincuencia, más consumo de drogas, más obesidad, mayor disfuncionalidad social (Richard Wilkinson y Kate Pickett, "Desigualdad", Turner Publicaciones). Los economistas saben que la utilidad marginal de la renta es decreciente, lo que significa que un euro es mucho más útil para quien tiene poco dinero que para quien es rico. Por tanto, desde un punto de vista global y moral sería lógico proceder a una cierta redistribución de renta de los ricos hacia los pobres, porque la sociedad en conjunto saldría ganando pues se producirían pequeñas pérdidas de bienestar en los ricos y simultáneamente grandes ganancias del mismo en los pobres.
La política tributaria es el mejor medio que tienen los estados para redistribuir la renta en beneficio de los más desfavorecidos, pero dicha redistribución también puede llegar a ser regresiva si el fraude fiscal es importante y se concentra en las rentas más altas. Los inspectores de Hacienda reiteradamente han afirmado que en España la mayoría del fraude fiscal se concentra en grandes patrimonios y empresas. Este fraude ronda el 20% del PIB siendo de un volumen muy superior al de la media europea, pero nuestro país también dedica muchos menos recursos a combatirlo. En 2014 la inversión española en esta materia fue sólo del 0,11% del PIB frente, por ejemplo, al 0,32% en Holanda, al 0,27% en Alemania o al 0,24% en Reino Unido ("El fraude empresarial", OBS Business School). Los recursos logrados con la lucha contra el fraude fiscal son muy superiores a los empleados y así, según el plan antifraude de la Agencia Tributaria de 2014, se recaudaron 119 euros por cada euro que costó dicho plan.
Adicionalmente, el sistema impositivo debe ser justo. Por ejemplo, se ha criticado falsamente al impuesto de sucesiones y donaciones de doble imposición, pero si se diseña y gestiona bien quizá sea el más justo que hay al gravar una renta lograda sin ningún esfuerzo. Algunos norteamericanos de los más ricos del mundo pidieron al presidente George W. Bush que no eliminase este impuesto y hace poco tiempo gran parte de ellos han criticado la última reforma fiscal del presidente Trump por bajar impuestos a las rentas más altas.
