En 2016 había 10.000 niñas y niños migrantes y refugiados en paradero desconocido en Europa, según datos de la Oficina Europea de la Policía (Europol). 10.000 niñas y niños separados de sus padres, sin el amparo de ningún adulto y que habían desaparecido al cruzar las fronteras europeas. ¿Cómo era posible que en Europa se "esfumaran" 10.000 niños?

Lo ocurrido en Grecia en esos momentos nos sirve como ejemplo para explicar las razones que llevaron a esta situación. En el país heleno muchos niños migrantes y refugiados tuvieron que esperar hasta seis meses para tener una primera entrevista en un idioma que entendieran. Mientras, estaban en campamentos o centros saturados, mezclados con adultos. Algunos de estos centros estaban cercados por alambradas y completamente cerrados. Vivían sin lo básico, sin información, sin compañía y sin consuelo. Muchos tenían familiares en Alemania, Suecia o Reino Unido, pero los procedimientos europeos son tan lentos que podían estar hasta un año esperando que se autorizara su traslado. No era de extrañar que, de nuevo, terminaran poniendo tierra de por medio, escapando por su cuenta y riesgo o, lo que es peor, consagrando su esperanza y su destino en manos de los traficantes, con todos los riesgos que esto conlleva, sobre todo de explotación y trata.

Ahora que la llegada de migrantes y refugiados a las costas españolas vuelve a la primera línea informativa, tenemos la responsabilidad jurídica y moral de no cometer los mismos errores y proteger a estos niños. La responsabilidad jurídica, porque nos obliga la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que somos signatarios pero, sobre todo, la responsabilidad moral, porque estos niños no pueden ser tratados como extranjeros ni como solicitantes de asilo; son sólo niños, niñas y jóvenes maltratados por la vida que buscan un sitio en las sociedades más favorecidas.

La situación de acogida entre nosotros debe, sin duda, mejorar. Los niños migrantes y refugiados llegan a centros de menores como los de Ceuta y Melilla que tienen problemas crónicos de sobreocupación. En Andalucía, hay residencias que quintuplican su capacidad. Las propias autoridades han reconocido que el sistema está completamente saturado. Así, es imposible atender a estos niños correctamente. El sistema también hace aguas en otros puntos del país.

Estas residencias y centros donde son acogidos los niños y niñas que llegan solos -comúnmente llamados Menores No Acompañados, Menas- no pueden ser terreno hostil, sino hogar que escucha, estabiliza, atiende e informa. Según los estándares internacionales, los niños tienen que vivir con sus familias; y, si no es posible, deben ser acogidos en entornos familiares u hogares pequeños donde puedan surgir vínculos afectivos. Si los niños sienten que importan a alguien -la experiencia de educadores y trabajadores sociales así lo demuestra-, la mayoría de adolescentes que llegan solos se esfuerza por integrarse. De otro modo, no les queda otro camino que el de la supervivencia.

Es el momento de repasar lo que se hizo mal en Europa hace dos años y sus consecuencias, y cambiar el rumbo. No podemos permitir que los niños que están llegando a nuestro país este verano sientan que están desprotegidos y continúen solos un viaje que compromete su futuro y les expone a todo tipo de peligros.

En el contexto actual, la solución pasa por fortalecer los sistemas de protección de la infancia en las distintas comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en la materia. Pero la respuesta a esta situación debe ser solidaria y el Gobierno central debe asumir un rol sólido de coordinación y de movilización de fondos públicos y europeos.

Esa coordinación pasa, entre otras cosas, por aglutinar todos los datos disponibles a través de herramientas comunes para todas las comunidades autónomas, y por ofrecer una foto en tiempo real del número de niños que llegan, sus características, el lugar donde se encuentran y dónde y cuántas plazas hay disponibles para su cuidado. Esto, que entendemos básico, sigue siendo asignatura pendiente.

Son necesarios más recursos y más personal especializado. Es algo factible para un país como España. En el mundo hay unos 50 millones de niños desarraigados que buscan un lugar más seguro para vivir. Pero aquí estamos hablando -según datos de marzo- de unos 6.500 niños registrados, el 0,08% del total de los menores de edad en nuestro país. Bien es cierto que la cifra es con seguridad más alta porque muchos de estos niños no son detectados y otros siguen llegando, pero, en términos comparativos, sigue siendo una cifra baja en un país de 46 millones de habitantes.

Además, es necesario combinar el aumento de recursos con derivaciones ágiles a otros servicios de protección autonómicos, una vez evaluada cuál es la opción que mejor conviene al niño. Esto lo saben muy bien los gobiernos de Grecia e Italia, países en los que hubo un momento que empezaron a llegar fondos pero se encontraron con una insuficiente capacidad de gestión.

Los niños son la parte más vulnerable de las migraciones. Son vulnerables porque son niños, están creciendo, aprendiendo y aún no disponen de los recursos para enfrentar determinadas situaciones. Son vulnerables porque están desarraigados, han huido de su hogar, han dejado familia y amigos, por la violencia, la pobreza, la falta de oportunidades, y han llegado a una cultura que no conocen. Son vulnerables porque, además de todo esto, están solos, sin un adulto que les proteja. Su protección es una obligación fundamental del Estado que debe velar para que el interés de cada niño sea tenido en cuenta.

Los niños no saben de razones jurídicas o económicas, no saben de competencias legales distribuidas entre los territorios del Estado ni se les puede pedir que esperen a septiembre. Tampoco es de recibo apelar a un supuesto "efecto llamada", porque, ante todo y sobre todo, son niños, niñas y adolescentes que han sufrido el "efecto expulsión" de sus entornos a causa de vivencias traumáticas, guerras, violencia, pobreza, falta de acceso a la educación, a la sanidad, a la protección más adecuada? Ningún niño tendría que verse obligado a pasar por ahí. Pero ocurre, y es una realidad ante la que no podemos taparnos los ojos. Porque nos lo dicta nuestra moral y nos lo dictan nuestras propias leyes.

Pongámonos manos a la obra. Hay que hacer algo. Y hay que hacer algo ya.