Probablemente lo peor de este Gobierno no sea la convicción cesarista de su presidente a la hora de recurrir por sistema al decretazo, algo que también han hecho otros que le precedieron, ni esa inutilidad gestual que se advierte en cada uno de los movimientos que practica. Tampoco siquiera lo es el acusado sectarismo y el nepotismo para colocar a los suyos en las empresas públicas de la forma en que lo ha hecho, ni la facilidad para empujar las puertas giratorias en el caso de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez. No lo son la indisimulada propensión lobista ni mucho menos la utilización caprichosa por parte del jefe del Ejecutivo de los recursos que pagamos los españoles para incluir en su agenda cultural un concierto de un grupo pop.
Aunque todas estos detalles sirvan para extraer pésimas conclusiones de este gobierno, lo peor es la vergonzosa factura que está a pagando a los secesionistas catalanes y que ha tenido por ahora su culminación en el desamparo al juez Llarena frente a la burda demanda de Puigdemont en un tribunal belga. Considerar un "asunto privado" la ofensiva urdida contra un magistrado que representa a uno de los poderes del Estado es actuar del modo en que les conviene a quienes están imputados por rebelarse contra él y amenazar la integridad de España. Como se da la circunstancia de que Sánchez está en la Moncloa gracias a los votos de los mismos independentistas que demandan en un juzgado extranjero a Llarena por negar que hay presos políticos, la sospecha razonable de que devuelve los favores prestados en la moción contra Rajoy se convierte en una inquietante certeza. Ninguno de los pasos dados hasta ahora ha podido desmentirlo.
