Sin duda es de alabar la dimisión de la ministra de Sanidad, señora Montón por los problemas derivados de su máster de la Universidad Rey Juan Carlos. No solo la constatación final del plagio en gran escala que desarrollaba en su trabajo final de máster, sino las irregularidades constatadas anteriormente en su expediente exigían esa dimisión. No es de recibo, pues, ese intento del gobierno Sánchez de hacer pasar por virtud lo que no fue sino una necesidad política para quien ha llegado al gobierno ni más ni menos que como consecuencia del descontento generalizado de políticos y opinión pública por el olor putrefacto que despedían las sentinas del PP.
Al contrario, a pesar del buen comienzo de la labor política de la ministra dimisionaria cuyas primeras medidas trataban de remediar algunas de las injustas decisiones que durante la crisis había tomado el gobierno de Rajoy en cuestiones de derechos sanitarios de los españoles y de los inmigrantes, el que su máster no respondiese a las más elementales normas de equidad con respecto a los demás alumnos debería de haber sido más que suficiente para que la ex ministra no se hubiese resistido a pedir de inmediato por propia voluntad su dimisión o que el propio Pedro Sánchez se la hubiese demandado.
Tratar ahora de hacer de la necesidad virtud desmerece en gran medida la decisión tardía y hasta cierto punto resistida de la ministra dimisionaria y el potencial que la misma hubiese tenido de ser inmediata y voluntaria para pedir responsabilidades políticas al actual líder del PP Pablo Casado por las presuntas irregularidades que pudiera haberse dado en el suyo.
Porque, como todos los másteres impartidos y aprobados por el Instituto- chiringuito del señor Álvarez Conde a políticos en tiempo de merecer, el del señor Casado huele también mal y el hecho de que tampoco el suyo haya pasado por la prueba del algodón de enseñar el contenido del trabajo final hace pensar mal a muchos. Más allá de la peregrina argumentación del dirigente del PP, el señor Maroto, que mantiene que Casado como cualquier español corriente no tiene por qué hacerlo porque en tal caso sería inmiscuirse en su ámbito privado. Sin duda, un español corriente no, pero un dirigente político cuya credibilidad está puesta en juego debería hacerlo aunque sólo fuese para la tranquilidad de sus propios seguidores. Como también debería hacerlo el propio presidente Sánchez con su tesis doctoral puesta también en entredicho ahora al calor de los problemas habidos con los másteres.
Todos estos episodios sobre los discutidos másteres de políticos del citado instituto de la Universidad Rey Juan Carlos que ya han causado la dimisión de una presidenta de Comunidad, el de una ministra y está poniendo en aprietos al líder del principal partido de la oposición, nos obligan a los ciudadanos a hacernos muchas preguntas. ¿Cómo es posible que los servicios de inspección de una universidad pública no tuviesen bajo control tales desmanes que suponían no sólo irregularidades de bulto sobre las actividades de tal instituto que funcionaba, visto lo visto, como un expendedor de títulos vacíos de contenido académico para una determinada élite política? ¿Qué obtenían o que esperaban obtener a cambio? ¿Es posible que pueda existir tal descontrol en los títulos de máster de otras universidades públicas españolas? ¿Y en las privadas? ¿Tales títulos se han convertido o se están convirtiendo en algunas universidades únicamente en un negocio como presuntamente ocurría en el caso del citado instituto de la universidad Rey Juan Carlos (en la que, por cierto, sus autoridades ya debían estar alerta, porque ya se había denunciado un caso de plagio en una publicación atribuido nada menos que a su ex rector, el señor Suárez), negocio no sólo de ingresos monetarios sino también de mercadeo de influencias?
Poner fin a episodios como éstos y controlar la limpieza, idoneidad y equidad de los estudios universitarios debe ser, visto lo visto, una de las principales y inexcusable tareas de muestras autoridades académicas y esto debe hacerse en un contexto en el que sus actividades pasen también por un control público y democrático de los representantes de la ciudadanía que haya en sus órganos directivos. Será, sin duda, la única manera de que desaparezcan las dudas e intranquilidad que estos casos están causando entre los ciudadanos.
