Pittsburgh (Pensilvania) está a 5.500 kilómetros de Avilés y allí, en la Costa Oeste de EE UU, está la sede de Aluminium Company of América (Alcoa), grupo centenario que factura del orden de 10.000 millones de euros al año, casi la mitad del producto interior bruto (PIB) de Asturias. Lo que se haya podido decidir en Pittsburgh y que hoy se conocerá sobre el porvenir de la planta avilesina y sus 300 empleos directos lo habrán hecho los ejecutivos de Alcoa con la cuenta de resultados en una mano y la factura de la luz en la otra. Si se consumara la hipótesis más temida ayer, la de un anuncio de cierre, se estarían materializando con toda su crudeza los avisos que Asturias y sus instituciones -gobiernos, parlamento, agentes sociales...- llevan años transmitiendo acerca del problema del precio de la energía en España, convertido en un lastre para la competitividad de las empresas, en una amenaza para la continuidad de aquellas con consumos eléctricos más elevados -altamente concentradas en Asturias- y en una carga cada vez más difícil de llevar para los hogares.
La industria y las familias españolas soportan uno de los precios más caros de la electricidad de Europa y ello es en gran medida atribuible a los errores de política energética que los distintos gobiernos han encadenado durante décadas: planificaciones separadas de la realidad económica del país, concesiones regulatorias escandalosas al oligopolio del kilovatio, aventuras renovables prematuras...
Los problemas de Alcoa no vienen únicamente de los precios eléctricos, aunque estos supongan el 40% de los costes de producción. La ausencia de inversiones para modernizar la planta también está en el ADN de sus problemas de eficiencia, agravados este año por el encarecimiento de la materia prima (alumina). Pero un posible anuncio de cierre, además de suponer un durísimo golpe para la comarca avilesina y para toda la región, pondría al Gobierno central ante la evidencia de los riesgos que corre la industria si se mantiene una apuesta por una descarbonización del sistema eléctrico acelerda y sin garantías de que el problema de los precios no se vaya a agravar. Son los riesgos que está denunciando Asturias sin obtener respuestas convincentes del Ejecutivo, cuya reacción política ha sido por ahora confinar el foco del problema en las comarcas mineras, comprometiendo nuevas prejubilaciones y apoyos para esos territorios.
Allí, en la Asturias minera, está una parte del problema, pero ni todo el problema ni puede que la principal a estas alturas de la reconversión del carbón. Por ello, el giro dramático que hoy podría dar la situación de Alcoa debería ser considerado por el Gobierno de Pedro Sánchez y por las fuerzas políticas que militan en la "descarbonización exprés" como la demostración de lo mucho que se juegan Asturias y España en el supuesto de que la política energética repita los errores del pasado o incluso los agrave. Si cae, Alcoa puede no ser la única en hacerlo.
