Con el cierre de Alcoa incandescente, el Gobierno de Pedro Sánchez ha colado en el real decreto de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, que se convalidó ayer en el Congreso sólo con el voto en contra de Foro, dos medidas que lastran a la industria asturiana. Por un lado, una modificación de los llamados peajes de acceso negociada con el PNV y que beneficia básicamente a empresas vascas y navarras -las conectadas a redes de 33 kilovoltios de tensión, que verán rebajados sus costes en unos 100 millones de euros anuales al acceder a una tarifa más benigna-; y por otro, una exención fiscal que prima en el mercado eléctrico a los ciclos combinados de gas frente a las centrales térmicas de carbón y añade nuevas dificultades para la continuidad de estas instalaciones, con lo que puede suponer eso para la subida del precio de la luz y a su vez para la continuidad de la gran industria electrointensiva del Principado. No hay que olvidar que Asturias es la región con mayor consumo de energía en la tarifa de la gran industria, al acaparar casi el 22% del total nacional.
El Congreso aprobó ayer la tramitación de la norma, pero como proyecto de ley, con lo que aún se podrán introducir cambios. Esa decisión fue respaldada por todos los grupos de la Cámara Baja con la excepción del PNV, que se opuso a esa fórnula para blindar a toda costa el privilegio que ya había acordado con el anterior Gobierno del PP en la negociación de los Presupuestos Generales de 2018 y que ahora ha conseguido empaquetar en un real decreto que, según la ministra Teresa Ribera, era para proteger a la población más vulnerable ante el incremento del precio de la luz.
La portavoz de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, habló ayer de "cuponazo eléctrico vasco" y de "cheque para pagar socios", en referencia a los apoyos del PNV a la investidura de Pedro Sánchez. "Que consigamos algo para Euskadi puede allanar el camino a otras comunidades", alegó la portavoz del PNV, Idoia Sagastizábal, en un debate en el que los partidos nacionalistas catalanes también reclamaron tarifas "más competitivas"... para su industria.
