El miércoles negro de la economía asturiana se despachó con los trescientos trabajadores de Alcoa despedidos, la plantilla de Arcelor asustada ante la posibilidad de recortes de empleo y de inversión, y la minería liquidada después de un acuerdo que aplauden los políticos y que los sindicatos celebran como el mejor de los posibles. La reconversión minera, en cualquier caso, hace tiempo que dejó de ser un asunto económico esperanzador por las oportunidades pérdidas.
Alcoa, a su vez, tampoco derrochó esperanzas. En 2014, tras obtener los bonus de la energía y retirar condescendientemente el ERE que había planteado de forma amenazadora, entró en una etapa de renovaciones año a año para beneficiarse de las subvenciones públicas mientras iba aplazando la estrategia inicial de abandonar su actividad. Si existían dudas sobre un plan de cierre preconcebido de Alcoa ahora se confirman. Los políticos, en vez de seguir la pista, han mostrado su sorpresa. Son responsables de su irresponsabilidad.
El Gobierno del PP, hace cuatro años, quiso por encima de todo capear el temporal, ganar tiempo para evitar fricciones laborales y pérdida de empleo hasta las elecciones siguientes. El que venga detrás que se las arregle, y así sucedió por parte de unos y de otros hasta llegar a la situación actual: trescientos en la calle.
El marco energético favorable que reclamaba Alcoa eran las subvenciones públicas. Una empresa, multinacional o no, está en su derecho de abandonar la actividad que estratégicamente no le convenga cuando arriesga y juega sus propias cartas, si se beneficia de los recursos públicos el compromiso ya es otro muy distinto.
