El Tribunal Supremo, además de dispararse un tiro en el pie con su desafortunada actuación, ha proporcionado a la demagogia una baza con la que no contaba. Sánchez la ha agarrado al vuelo. Y como les sucede a lo cazadores más avispados puede matar hasta dos pájaros con el mismo proyectil: ganar el favor populista del electorado y proseguir con la deslegitimación del Tribunal que tiene que juzgar por rebelión a los independentistas catalanes. Torra ya se ha sumado, denunciando en la Fiscalía a la Justicia española.
Como siempre ocurre con la artificialidad política, el ardid de las hipotecas consiste en montar falsas expectativas haciendo creer a los españoles que dejando de pagar el impuesto van a salir ganando. Del mismo modo que los despiadados banqueros saldrán perdiendo. No es así. De hecho, los bancos no han tardado veinticuatro horas en anunciar que subirán los tipos de los préstamos, de manera que el dinero empleado en pagar el impuesto repercutirá en los ciudadanos que supuestamente se lo ahorran. Por burdo que sea el planteamiento puede que funcione ante una sociedad desorientada, pero se trata del truco de un trilero. Está por ver, además, si no hay inconstitucionalidad en el decreto ley que obliga a las entidades financieras a pagar el impuesto de las hipotecas. El mismo impuesto que viste y calza que curiosamente decretó un gobierno socialista en 1995 y que firmó Pedro Solbes. El caso es que el que se hipoteque pagará, si no es directa, indirectamente el impuesto.
La única manera de ahorrárselo a los contribuyentes es suprimiéndolo. En la mayoría de los países de Europa no existe, y en las comunidades gobernadas por el PSOE es donde más grava.
