La moción de censura que desalojó a Rajoy de La Moncloa vino a demostrar que los dirigentes del viejo PSOE tenían razón: en los cálculos de Pedro Sánchez, el gobierno Frankenstein -Rubalcaba dixit- figuraba como primera opción para llegar al poder.
La gestora, presidida por un incuestionable socialista como Javier Fernández, ejerció una responsabilidad de Estado, papel tan difícil como necesario, resumida perfectamente por el propio Fernández en su discurso en el Comité Federal del PSOE en el que expresaba que cuando la lealtad al partido y la lealtad al país entran en conflicto "siempre tienes que poner a tu país por encima de todo lo demás".
Pero Pedro Sánchez regresó a la secretaría general en loor de multitudes y, pese a propuestas como el endurecimiento del delito de rebelión, el propagandístico apoyo al 155 -tras un periodo de titubeos y plurinacionalismos varios-, así como la negación por tres veces de un posible acuerdo con los nacionalistas-separatistas y ahora también supuestos golpistas, el retoño maryshelliano vio la luz; si bien en versión edulcorada para una mejor deglución por la opinión pública.
Sánchez Pérez ha seguido todos los consejos de Miquel Iceta -a quien, por otra parte, no se le conoce elección ganada alguna-, demostrando así que el PSC hace tiempo que dejó de ser el hermano pequeño para ser el mandamás de la familia; y ha aliado al nuevo PSOE con todos los nacionalismos poseedores de escaño, lo que incluye, por supuesto, a los herederos de la inmunda tradición "aberchale" y a los partidos catalanes que a través de un golpe de Estado intentaron la secesión de una parte del territorio nacional.
El pacto por el que el gobierno Sánchez Pérez nace y se mantiene -y que se pretende reeditar tras las siguientes elecciones- se ha vendido como un éxito estratosférico de la izquierda; pero la última vez que lo revisé, izquierda y nacionalismos eran como el agua y el aceite. Esa incompatibilidad se debe a que la izquierda busca de manera obsesiva la igualdad de los ciudadanos, lo que en un contexto democrático se centra especialmente en la promoción de la igualdad radical de oportunidades, independientemente de la condición o el extracto social; e igualmente la izquierda reniega de supuestos derechos ahistóricos de los territorios, que hacen a los ciudadanos súbditos de aquellos, y potencian elementos de diferencia que sólo sirven para consolidar posiciones elitistas y excluyentes. Por no mencionar lo que implica para el socialismo democrático pactar con los nacionalistas "aberchales" y depender de sus votos para mantenerse en el poder; una auténtica línea roja que ahora se ha traspasado.
El precio del acuerdo es desconocido, pero no por ello pasa desapercibido para la ciudadanía. Por un lado, se renuncia a la estabilidad política e institucional tan necesaria para una convivencia pacífica en sociedad, así como para el progreso de nuestra economía y, con ello, del propio Estado de Bienestar. Por otro, se tolera el acoso y derribo a la Corona -en la diana de los populistas y los nacionalistas desde que se erigió en el obstáculo definitivo del proceso soberanista-; se retrae políticamente al Estado de ciertos territorios nacionales, no sólo Cataluña; y se boicotea la defensa penal frente a los actos secesionistas -provocando un gran daño a la acusación y posible sentencia en un plano internacional-. A la vez, se prepara el terreno para la concesión en un futuro mediato de los indultos que sean menester y se ejerce una clara presión sobre la judicatura.
Lo que Pedro Sánchez ha añadido por su cuenta es el indisimulado uso de las instituciones con el único fin de mantenerse en el poder, y de cuya manera de gobernar da buena cuenta el episodio del escrito de acusación de la Abogacía del Estado en el proceso judicial a los líderes del proceso soberanista, en el que se ha obviado el criterio técnico y se ha impuesto el criterio que se ha considerado conveniente para facilitar acuerdos con PDCAT y ERC, pero también con el resto de partidos de la coalición Frankenstein.
Destacadas voces socialistas, mantengan o no el carnet del PSOE, han sonado en los últimos meses como discrepantes con la línea adoptada por el gobierno presidido por Sánchez Pérez. Rosa Díez, fuera del PSOE desde hace mucho tiempo, pero socialdemócrata demostrada, ha sido muy contraria a la actuación del Gobierno y, a su vez, históricos como Leguina han advertido del peligro de la connivencia con los nacionalismos; pero ha sido Alfonso Guerra el que ha sintetizado la postura tradicional del viejo PSOE: "la unidad de España no es otra cosa que la igualdad entre españoles". Tímidamente, algunos presidentes autonómicos como García Page o de manera más evidente Javier Lambán, han lanzado mensajes discrepantes. Aun así, el silencio es predominante. Por ahora.
Difícilmente los que se levantaron contra el secretario general, cuando el gobierno Frankenstein era sólo una posibilidad, vayan a seguir en silencio cuando ya es una realidad que debilita al Estado, e incluso sus propias posibilidades electorales; y que desprestigia al PSOE como partido leal con el modelo de convivencia aprobado en nuestra Constitución. El viejo PSOE no ha querido dar ninguna batalla desde las primarias que ganó Pedro Sánchez, pero es difícil pensar que puedan abstenerse de plantar cara. García Page ya lo anunció, antes de romperse España se rompería el PSOE.
