El pulso entre España y Alcoa por los cierres en Avilés y La Coruña es un ejemplo de una asimetría amplificada por la globalización rauda y sin reglas de las últimas décadas: por un lado aparece el estado-nación que ha perdido capacidad para intervenir, limitado por la hegemonía del credo neoliberal y su propensión a no establecer barreras (la obligación legal de vender en lugar de cerrar, por ejemplo) que puedan menoscabar la capacidad de un país de competir con otros por atraer inversores; por otro lado está el creciente poderío de las grandes corporaciones, cada vez más globales como el mercado mientras los gobiernos se hacen más locales, replegados por el auge del nacionalismo particularista y por la resistencia ancestral de élites y ciudadanos a ceder soberanía en beneficio de una dimensión superior a la tribu.
La Unión Europea (UE) tiene muchos defectos y carencias, pero también puede ser considerada como el mejor intento que se ha hecho en el mundo de aplicar un modelo de gobernanza democrática de ámbito supranacional. Por ello, según ha sugerido en estas páginas el sociólogo Holm-Detlev Köhler, las opciones que tienen las más de 700 familias de Alcoa pasan en buena medida por recabar el apoyo de la maquinaria de la Unión y en particular de la Comisión Europea. Esa baza está en la agenda de los gobiernos y de los sindicatos, centrados ahora en lo más urgente: detener el ERE para evitar que los despidos y los cierres se consumen a partir del muy próximo 30 de noviembre.
¿Que puede hacer Europa frente a la crisis de Alcoa? Ante un caso así se echa de menos que los déficits de la integración no hayan permitido tener un Europarlamento con capacidad real para haber legislado sobre las reglas que debería cumplir una empresa que intenta abandonar sin más un territorio después de haberse beneficiado de una ventajosa privatización y de multimillonarias ayudas para abaratar sus costes (energéticos). Alternativamente, la Comisión tiene la manija de la presión política sobre Alcoa. Funcionó en el caso gijonés de Tenneco. A seis meses de unas elecciones europeas, las autoridades comunitarias tienen la oportunidad de intentar lo mismo con Alcoa, de hacer ver que es creíble la apuesta por la reindustrialización de la UE de la que se ha hablado tanto desde hace una década y también de achicar los espacios de eurófobos y euroescépticos.
