Si se confirma el proyecto del Gobierno de permitir que los alumnos de Bachillerato que tengan una asignatura suspendida reciban el título y puedan acceder a la universidad, más vale llamar a las cosas por su nombre y decir que la reforma educativa incluye convertir en un aprobado el suspenso. Queda por aclarar cuál es la razón de ser de semejante dislate más allá de la estulticia del presidente y de sus ministros. Porque la razón de ser de calificar a los alumnos mediante aprobados y suspensos es la de garantizarles que recibirán los conocimientos precisos para madurar como personas y empezar a formarse como futuros profesionales. Si, por motivos políticos, se deja de lado ese propósito, es el propio sentido de la educación el que se ve comprometido. Mucho nos tendrían que explicar la ministra Celaá, el presidente Sánchez y quienes apoyan su iniciativa -con el inefable Torra como entusiasta ejemplo- a santo de qué viene cambiar el concepto mismo de la enseñanza tal y como existe desde que las calificaciones son obligadas. Aunque, sin ellas, puede permanecer el concepto de fondo de aprobados y suspensos, tal y como sucede en la universidad anglosajona, poner una nota numérica parece una fórmula más objetiva. Siempre que no se tergiverse desde arriba por decreto ley.
Pedir que se convoquen de una vez por todas elecciones para evitarnos más sonrojos sería lo suyo aunque, en ese apartado, no es garantía de nada porque la cosa viene de lejos. De cuando otro gobierno, el anterior presidido por Rajoy, permitió el año pasado que se obtuviese el título de la enseñanza secundaria obligatoria -y el consiguiente paso al bachillerato- con nota inferior a la del aprobado. Tampoco entonces quedó claro por qué aunque sí fueron obvias las consecuencias de esa forma de injerir desde el mundo político en el educativo. Se desmonta no sólo el procedimiento sino el fundamento mismo de lo que es el sistema de educación que, si no recuerdo mal, tiene que ver con la necesidad de formar ciudadanos, no con títulos más o menos imaginarios. Lo que se busca es que las generaciones siguientes cuenten, al menos, con el mismo nivel de formación que las de sus padres y sus abuelos. Ir hacia delante y no hacia atrás. Si no es ése el propósito, que se nos diga por favor por cuál otro ha sido sustituido y qué razón existe para obrar así. El mando y ordeno no es de recibo cuando está en juego el porvenir de los niños.
Si aprobar y suspender depende de criterios ministeriales y no de conocimientos, cabría dar el carné de conducir a quien no supiese lo que quieren decir las señales de tráfico, permitir que diagnostiquen y prescriban medicinas los curanderos, dejar que piloten los aviones quienes saben mucho de astrología y decidir quién es notario y quién no en función de los gustos culinarios.
