El acuerdo entre PSOE y PP para la renovación del Consejo del Poder Judicial es bipolar, se mueve entre la noticia buena y la pésima. Tranquiliza, visto el pacto desde el ángulo favorable, que en un momento de cruda confrontación, enfangado el terreno público por la retórica gruesa, los dos partidos clásicos de la reciente historia política de España guarden todavía el mínimo resorte de responsabilidad institucional para, contraviniendo la máxima ignaciana, hacer mudanza en la cúpula judicial en el plazo marcado y con el mayor consenso posible. Ese trance, que siempre deja desgarrones, tiene además ahora de fondo perturbador el episodio del cambio de criterio del Tribunal Supremo sobre los gastos hipotecarios, que coloca a la justicia, desde la perspectiva ciudadana, en su momento más bajo. No está de más por ello que se vuelva a visibilizar la parlamentaria legitimidad de origen del órgano de gobierno de los jueces, que viene a contrarrestar las críticas de quienes consideran el ámbito de la justicia corporativo en exceso y cerrado sobre sí mismo.
Pero los términos del acuerdo entre PP y PSOE retrotraen al bipartidismo y a sus viejos modos, y aquí empieza la cara cuya familiaridad no la hace menos fea. Ciudadanos queda fuera del pacto, en coherencia con su rechazo a una forma de selección de consagra la politización de lo judicial. Podemos, cuyos votos resultan prescindibles para la validación parlamentaria de lo consensuado, es sólo el convidado que los socialistas llevan de la mano para mantener engrasado el entendimiento con Iglesias. En ese contexto, los dos viejos conocidos vigorizan sus pautas tradicionales y presentan ya un Consejo cerrado hasta en el detalle crucial de quién se sentará en la cabecera. El procedimiento hurta a los vocales la facultad de elegir a su presidente, revuelve a una judicatura muy reivindicativa y ni siquiera guarda las formas para hacer como que se respeta la ley. Visto así, el pacto entre PSOE y PP es política ruda, de pornográfica explicitud.
