La exministra Dolors Montserrat ha dicho estos días atrás que los grandes acuerdos de los dos grandes partidos son buenos para los españoles, refiriéndose con ello al reparto perpetrado en el Poder Judicial por el PSOE y el PP, con la colaboración de Podemos. Realmente cuesta entender qué puede haber de beneficioso para el interés general en la politización de la justicia y en doblegar la independencia de los jueces a costa de nombrarlos por su afinidad progresista o conservadora. No lo entiendo yo, y seguramente tampoco lo entenderán muchos de los lectores.
Los grandes acuerdos entre los grandes partidos, efectivamente, son buenos cuando resuelven los problemas de los ciudadanos. Pero, por desgracia, los grandes y los pequeños partidos no han hecho otra cosa más que buscar la confrontación en los asuntos claves que afectan al país. Por ejemplo, está el caso de la legislación educativa, el asunto pendiente de pacto que acarrea mayores problemas al sistema por los sucesivos vaivenes a lo largo de décadas. No hay un lugar en la Tierra que en 40 años haya aprobado seis leyes educativas distintas y se esté planteando una séptima sin que ninguna haya contribuido a la mejora docente y ni siquiera a un marco potable de convivencia entre la escuela pública y la privada. Se puede decir también sin que ninguna de ellas haya funcionado eficazmente desde el punto de vista educativo. De los dos grandes partidos, el que llega al poder se apresura tan pronto como puede a derogar la norma del anterior en vez de procurar el consenso que otorgue estabilidad a uno de los pilares del sistema como es la educación.
Que sepamos, los partidos, grandes y pequeños, únicamente se ponen de acuerdo para repartirse las cuotas de poder, como se ha visto últimamente de manera descarada con los jueces, y en los sueldos de sus cargos públicos. Los pactos de Estado, beneficiosos o cruciales para el conjunto, han pasado a la Historia, como la caballería ligera.
