A los 43 años de la muerte del general Franco se sigue hablando sobre la pervivencia maneras franquistas en la política y en los usos sociales del sistema democrático que sucedió a la dictadura. Una polémica que se ha avivado con el anuncio del gobierno del PSOE de la exhumación de los restos del militar ferrolano de su tumba en el llamado Valle de los Caídos. El gobierno del impetuoso Sánchez no calculó bien las consecuencias de su iniciativa, ni las reacciones de la familia del dictador, ni de la Iglesia Católica que administra el recinto por medio de una comunidad de frailes, ni tampoco del PP que es el partido que aglutina (o aglutinaba antes de la aparición de Vox) a la inmensa mayoría del electorado de extrema derecha. Y ahora se encuentra ante la perspectiva alucinante de que los restos sean enterrados por sus herederos en un panteón familiar de la basílica de la Almudena, en pleno centro de Madrid, lo que podría convertirlo en lugar de peregrinación para los partidarios del totalitarismo parafascista.
El asunto está por resolver, pero es previsible que si el Gobierno opta por utilizar su arma favorita del decretazo nos meteremos en un largo pleito que aplazará la solución mucho tiempo. Con lo que la ominosa imagen del hombre que aplastó por las armas la legalidad republicana seguirá planeando sobre nuestras conciencias. El análisis histórico es fácil de hacer. Si cuando murió el dictador se hubiera producido una auténtica ruptura democrática, ahora no estaríamos especulando sobre la pervivencia de modos franquistas en la política. Ni tampoco se hubiera dado la resistencia de la derecha sociológica a condenar la dictadura, ni a cambiar el nombre de las calles dedicadas al sátrapa. Y menos aún soportaríamos una oleada de corrupción en prácticamente todos los estamentos sociales como si el virus que afectaba a la estructura política de la dictadura se hubiera extendido a todo el cuerpo social.
Pero no fue así y hoy hemos de concluir que el sistema democrático es heredero legal de la dictadura. Y para dejarle asomar la cabeza tuvo antes que aceptar en su integridad todas las instituciones y símbolos franquistas, como la monarquía borbónica restaurada, la bandera, el ejército, la judicatura y la policía, donde, por cierto, todavía perduran personajes siniestros como el comisario Villarejo o ese torturador llamado Billy el Niño.
Todo eso, nos dicen, se hizo en beneficio de restaurar la convivencia, restañar heridas, evitar una nueva guerra civil y permitir nuestra incorporación al concierto de países democráticos. Un proceso al que se le llamó Transición y fue catalogado en algunos medios como el "milagro español". Uno de los artífices de ese supuesto milagro fue el asturiano Torcuato Fernández Miranda que describió, muy gráficamente, el paso de la dictadura a la democracia como un camino de "la ley a la ley". O de una legitimidad a otra, como si las dos valieran igual. Aceptar esa tesis trae las peligrosas consecuencias que comentábamos.
