Que la inmensa mayoría de los españoles considere un éxito la Transición es el gran espejo con el que se topan hoy sus detractores y confirma el extraordinario acierto que supuso en términos de concordia y reconciliación nacional. La Constitución que culminó aquel extraordinario proceso permitió dejar atrás una dictadura para consolidar un estado social y democrático de derecho que a punto está de cumplir cuarenta años, con su libertad, su justicia, su igualdad y su pluralismo político, y que trajo consigo el mayor periodo de estabilidad y desarrollo económico de nuestra historia. Los convulsos momentos políticos que atraviesa hoy nuestro país, en medio de la amenaza de una nueva desaceleración económica, nos obligan a extremar y activar las cautelas frente a los que por electoralismo puro o ideología tan vieja como ruinosa cuestionan nuestro orden institucional.
La profunda crisis económica que hemos vivido y que en buena medida se llevó por delante al bipartidismo, es ciertamente la piedra de toque de una servida transformación social. Al responsabilizar una parte de la ciudadanía a los partidos tradicionales de un derrumbe de repercusiones sociales dramáticas nació la denominada "nueva política", en ocasiones más radical que insólita, de transversalidad acomodaticia y mayormente de mucho gesto, con episodios en las instituciones -performance chuscas incluidas- tan poco edificantes como productivas en términos de "crispación", tan peligrosa por divisora en un momento en que el diálogo constructivo se hace cada día mas difícil. Justamente por esa tensión instalada cobra un relieve especial en este momento de nuestra historia recordar aquel otro que sí lo fue para el acuerdo y que ahora conmemoramos. Aquellas elecciones de 1977 no se convocaron propiamente como a Cortes Constituyentes pero de manera unánime así lo entendieron todos los partidos, al igual que consideraron que la función primera de aquel Parlamento era elaborar una Constitución; nacían los primeros consensos básicos. A mayores, el hecho de que tras el proceso electoral, en apenas dos años el texto fuera una realidad en condiciones de ser sometida al refrendo popular, conseguido por aplastante mayoría el 6 de diciembre de 1978, vino a confirmar el "hambre" democrática de aquella España, el deseo común de pasar las paginas sombrías de la dictadura. A nadie se le escapan las dificultades, las cesiones y concesiones de todos, pero se hicieron, subordinando cuitas propias o de partido al convencimiento de la importancia de una Constitución para todos, para España.
Aquel pacto para la reconciliación es hoy cuestionado con fiereza irresponsablemente, en el peor momento, en medio de un golpe de Estado perpetrado por un separatismo catalán radicalizado como nunca mientras, a su calor, el nacionalismo vasco se conjura de nuevo contra la Constitución. Tras lustros beneficiándose de un sistema que troca votos por talonario en el zoco presupuestario del Congreso reconocemos el fruto de un modelo perverso que ha generado profundas desigualdades entre las Comunidades Autónomas. Y como flotador del nacionalismo insaciable se sitúa esa parte de la izquierda española que lisa y llanamente aborrece el "régimen del 78" o aquellos que al acceder a Moncloa a lomos de tales caballos se ven obligados a pagar de uno en uno y por su orden el precio de cada apoyo. Son esas dependencias, entre otras circunstancias, las que han fortalecido al nacionalismo y están debilitando nuestra democracia representativa. Ante tanto pacto de trastienda apetece tirar del viejo dicho asturiano, ese ¿qué se debe?, para que nos digan de una vez el coste de la moción de censura. Mientras los ciudadanos hemos aceptado que la libertad es la potestad de hacer aquello que permite la Ley, no dejamos de observar a los políticos separatistas saltársela, a los otros sibilinamente. Pues sobre todas esas Leyes está la Constitución.
Sin ánimo de sacralizar ninguna norma pero pienso que ésta es la mejor Constitución que hemos tenido y no se pueden achacar a su articulado las derivas antidemocráticas que se están produciendo, la primera el cuestionamiento de la Transición -no entiendo que obedezca a ningún afán de concordia o de respuesta a alguna incontrolable demanda social exhumar los restos de Franco-; la perversa utilización del Decreto como atajo ante la falta una mayoría parlamentaria, intento incluido de privar al Senado de la capacidad de veto en una materia tan delicada por trascendental como la presupuestaria. En materia de justicia observamos los preocupantes ataques que está sufriendo la sagrada -esta sí- independencia y autonomía del Poder Judicial, y en el ámbito de la prensa se nos acaba de anunciar la intención de regular la libertad de expresión so pretexto de proliferación de noticias falsas en las redes sociales lo que, o se hace bien o abre la puerta a la censura.
Una vez que tanta alerta está servida urge defender el espíritu de la transición, la soberanía del pueblo español, el Estado democrático ante la agresión a aquellos consensos básicos como la igualdad, la libertad de opinión y prensa, la separación de poderes, el cumplimiento de la Ley, la indisoluble unidad de la nación y de los símbolos constitucionales, en suma, todos aquellos valores que creíamos ya más que sólidos.
