Los periodistas -contra lo que supone mucha gente ajena al oficio, incluidos bastantes periodistas - no gustan demasiado del secreteo, aunque les apasionen los chismes. Digamos que una parte sustancial de su trabajo consiste en que algo que descansa u opera en la oscuridad caiga bajo la luz pública, lo que es más o menos lo contrario al secreto como ideal de vida. Dicho de otro modo: los periodistas, por lo general, prefieren identificar sus fuentes de información y citarlas explícitamente. Pero a veces no es posible. A veces la única manera de conseguir -y publicar -una información es pactando con la fuente que nunca se revelará su nombre ni se deslizará nada que pueda señalarla. Esta situación es, sencillamente, consustancial con el periodismo. Está inserto en la praxis de la profesión. El artículo 20 de la Constitución estipula que el secreto profesional y la cláusula de conciencia son parte integral del ejercicio de la libertad de información. Por supuesto que este derecho está sometido a abusos, trivializaciones, trampas estúpidas o soeces. Recuerdo una información local, todavía reciente, en la que para ratificar la declaración de un individuo que no parecía estar en una situación inmejorable para argumentarla, el medio de comunicación creó tres o cuatro fuentes anónimas. Por lo general es al revés: cuando una fuente anónima parece débil o controversial, el periódico o la emisora buscan apoyarla con testimonios con nombres y apellidos. Sin embargo, más allá de abusos y trapacerías que no ayudan a la respetabilidad del periodismo, el secreto profesional es indispensable para el desarrollo del trabajo informativo.
Ayer ocurrió algo alarmante. Primero, la policía citó en una comisaría a un periodista del "Diario de Mallorca", Kiko Mestre, y ante una funcionaria judicial, le exigió que entregara su teléfono móvil. No un teléfono móvil corporativo, sino el personal. Mestre se quedó sin su teléfono, sus contactos, los archivos de la memoria del aparato. Después aparecieron por la redacción dos policías de paisano y demandaron que se les entregaran todos los ordenadores y el material informativo disponible sobre lo publicado por Diario de Mallorca en relación con el llamado caso Cursach. La directora, María Ferrer, junto al gerente y al abogado del periódico, y arropada por toda la redacción, saludó educadamente a los agentes, les aclaró que no se facilitaría nada sin orden judicial expresa y les indicó la puerta. Otros dos funcionarios aparecieron por la sede de la agencia Europa Press en Palma y le exigieron el teléfono móvil y los ordenadores a una redactora a la que ni siquiera permitieron ponerse en contacto con el abogado de su empresa.
Todos los caballeros de la placa actuaban siguiendo una orden del juzgado de instrucción número 12 de Palma de Mallorca, que instruye el caso Cursach: una macrocausa con más de un centenar de investigados a lo largo de tres años y en la que se imputan al Bartolomé Cursach, el más exitoso y dicharachero empresario del ocio nocturno de Mallorca, una decena larga de delitos, entre los que figuran amenazas, extorsiones, blanqueo de dinero, corrupción de autoridades políticas y policiales y homicidio. Tanto "Diario de Mallorca" como Europa Press publicaron parte de un informe policial sobre la actividad fiscal de las sociedades de Cursach, que formaba parte del secreto del sumario. La autoridad judicial, por lo que parece, pretende que los periodistas le cuenten, voluntariamente o no, de dónde sacaron los periodistas la información recogida por la policía en un informe.
Va a ser que no.
Va a ser que no porque esa información es de interés público. Va a ser que no porque está justificada su publicación, en el contexto de un escándalo que ha sacudido la sociedad mallorquina y que apesta a corrupción y vesania. Va a ser que no porque los periodistas se acogen y acogerán a sus derechos constitucionales. Va a ser que no porque el derecho a la información no es de los periodistas o las empresas editoras, sino de los ciudadanos. Apoyando a los compañeros y compañeras de "Diario de Mallorca" y Europa Press defendemos un derecho profesional que está implicado íntimamente con un derecho político de todos. Es un pacto entre periodistas y lectores que nos convierte en ciudadanos cada día del año.
