El mariscal Foch, uno de los grandes héroes de la historia de Francia, era, sin embargo, un soldado algo descreído de la maquinaria militar. Al concluir el primer conflicto bélico mundial dijo aquello de que los tanques y los bombarderos deberían suministrarse en moderadas cantidades. Y añadió que sólo un aficionado sería capaz de creerse que con los tanques y los aviones se puede ganar una guerra. Tendría que transcurrir desde entonces un siglo de desarrollo armamentístico para que una ministra portavoz de un gobierno socialista de España resaltase como es debido los grandes y humanitarios avances en esta materia, diciendo que las bombas vendidas a Arabia Saudí, dada su precisión, no se iban a equivocar jamás matando a yemeníes.
Esta misma ministra, Isabel Celaá, de fundado conocimiento empírico, se unió anteayer a su compañera de gabinete, Margarita Robles, para coincidir con ella en que el gasto militar es también un gasto social, porque contribuye a la creación de empleo. Nadie hasta ese momento se lo había planteado de esa manera aquí ni en ningún otro lugar del planeta. Pero tanto Celaá como Robles expusieron la teoría de la creación de empleo que servirá a partir de ahora para despejar cualquier duda en cuanto a las ventajas de fomentar cualquier tipo de carrera armamentística. En el momento de discutir sobre si es conveniente o no gastar más o menos dinero en armas, el argumento hasta ahora se basaba sencillamente en la seguridad y la defensa del país. Por ahí, nunca mejor dicho, iban los tiros. Desde el pasado viernes es distinto.
El caso es que el Gobierno de las bombas inteligentes que no matan yemeníes ha aprobado 7.300 millones para tres programas de armamento, un gasto que no se produce desde 1997 y que Mariano Rajoy no se atrevió a acometer seguramente porque no encontró a alguien, como Robles y Celaá, con la candidez o el cinismo suficientes para mantener que se trata de una inversión social.
