La querella contra el juez Miguel Florit por la incautación de los móviles y las computadoras de dos periodistas del "Diario de Mallorca" y de Europa Press, acompañada del registro de las respectivas redacciones ordenada por el mismo magistrado, ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Pero ese hecho no es, como puede sugerir el término, un simple detalle administrativo a clasificar entre los que se tramitan de forma automática. Se trata de la primera vez en las cuatro décadas que llevamos disfrutando en España de las garantías de un Estado de derecho en que se dicta un auto como el salido de la pluma del juez ahora acusado de delitos que tienen que ver con el ejercicio de la profesión periodística y la inviolabilidad de sus medios de trabajo. Unas garantías, ahora violadas, que forman parte de los derechos constitucionales de cualquier país libre desde que la primera de estas Cartas Magnas, la de Estados Unidos, introdujo en 1791 la enmienda que garantiza, entre distintos privilegios ciudadanos, el de la libertad de prensa.
No es nada extraño, pues, que el Consejo de Europa haya lanzado una alerta dirigida al Estado español para que responda acerca del alcance del atropello -supuesto, como debe ser considerado de momento, pero con indicios bastante reveladores- que han sufrido Kiko Mestre, Blanca Pou, Europa Press y el "Diario de Mallorca". En especial porque vivimos todavía, por mucho que hayan avanzado las garantías constitucionales, en un mundo en el que los atropellos, arrestos, acosos, intimidaciones e incluso atentados contra la profesión periodística no dejan de tener lugar incluso dentro de Europa. Se podría pensar que el revuelo levantado ahora por el auto del juez Florit es una especie de reacción corporativa de la prensa pero semejante interpretación olvidaría que en realidad la libertad de información a quien ampara y beneficia es a la ciudadanía en general y no a los periodistas.
Esa realidad es en especial pertinente dentro del contexto del caso en que se ha producido el atropello a Pou y Mestre. La investigación por las supuestas actividades delictivas del empresario Cursach se ha visto plagada de escándalos que afectan a la actitud de funcionarios entre los que se encuentran varios policías, investigados todos ellos por haber obstruido la labor de la justicia dentro de lo que parece ser una verdadera trama de corrupción organizada desde las alturas. Quizá haya quien crea que, en semejantes circunstancias, actuar como lo ha hecho el juez Florit es la única forma que hay para desenredar semejante embrollo de sobornos, persecuciones y acosos. Pero no se puede justificar el fin de la búsqueda de la justicia con medios que dejen de lado los procedimientos que la justifican. No es ningún trámite ni tecnicismo alguno la necesidad de mantener protegidos los derechos de quienes informan. Se trata de la última garantía que existe cuando la corrupción alcanza límites insospechados.
