El pasado día 31 se publicó en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) la resolución de la última convocatoria de ayudas de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado dirigidas a organismos públicos de investigación para apoyar las actividades que desarrollen sus grupos en el Principado de Asturias en las tres anualidades del periodo 2018-2020. Como consecuencia del retraso en la publicación de la propia convocatoria (BOPA de 25 de junio de 2018) y resolución de la misma (BOPA de 31 de diciembre), casi 2,9 millones del presupuesto disponible (10,5 millones) no se han adjudicado. Hay que decir que la anterior convocatoria para los mismos fines, que abarcaba el periodo 2014-2017, finalizó el 31 de diciembre de 2017, de modo que en el año 2018 los grupos de investigación no han recibido ayuda alguna del Principado. Estos intervalos sin financiación, que denotan falta de estrategia y continuidad en la política científica, son habituales en nuestra comunidad, pero inconcebibles en cualquier país de nuestro entorno. Ello supone un grave perjuicio para el desarrollo y la viabilidad del trabajo que realizan los investigadores asentados en el Principado.
No es necesario explicar que si la actividad investigadora de un grupo se paraliza durante un año, por falta de financiación derivada de retrasos en las convocatorias y/o en sus correspondientes resoluciones, ello incide de modo negativo e irreversible en la continuidad de su labor. El personal en formación y los investigadores posdoctorales no permanentes, ante esas circunstancias de incertidumbre, deciden irse a otras comunidades en las que las políticas científicas mantienen convocatorias regulares y donde apuestan claramente, con hechos y de modo prioritario, por la investigación, el desarrollo y la innovación. Es evidente que este grado de desconfianza permanente no es precisamente el mejor reclamo para estudiantes brillantes e investigadores posdoctorales que buscan realizar una carrera científica continua de calidad, sin pasos intermitentes por las listas del paro.
Es bien conocida por todos los lectores de este periódico la repercusión que ha tenido la reciente resolución de dichas ayudas, al dejar sin financiación a numerosos grupos de la rama biosanitaria con amplia trayectoria investigadora y reputado prestigio, que han exteriorizado su sorpresa e indignación ante lo que consideran un descalabro.
Pero también hay que recordar que somos muchos otros los grupos que, como ellos, no hemos sido agraciados con la correspondiente subvención que nos permita continuar nuestro trabajo, dedicando muchas horas ordinarias y extraordinarias, en unas condiciones difíciles, para sacar adelante una investigación de calidad que contribuya al avance del conocimiento y a la formación de futuros científicos y emprendedores.
Se argumenta desde la Consejería de Empleo que todas las solicitudes han sido evaluadas por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y realizada "por pares de expertos nacionales e internacionales en cada una de las áreas de conocimiento". A algunos de los solicitantes nos resulta sorprendente el resultado final, y que algunas disciplinas hayan cosechado un sonoro fracaso. Por ejemplo, entre las solicitudes denegadas se encuentran todas las presentadas por los grupos de investigación del área de Química Inorgánica. Esto resulta sorprendente considerando que, recientemente, estos grupos han renovado su acreditación como tales, obteniendo excelentes valoraciones emitidas por la propia AEI, por su reconocido prestigio nacional e internacional, por la calidad y cantidad de sus resultados científicos y por su acreditada labor formativa en el último lustro. De ello se puede inferir que la AEI, sorprendentemente, habría emitido, en el espacio de pocos meses, valoraciones dispares por los mismos conceptos, o que los criterios de excelencia exigidos no han sido iguales en todas las disciplinas.
La propia convocatoria, que se hace pública en el BOPA de 25 de junio, exigía inicialmente el cumplimiento de unos indicadores de rendimiento científico durante los últimos cinco sólo acreditables por muy pocos grupos de investigación. Han quedado 2,9 millones de euros que no han sido adjudicados, y es difícil de entender, considerando el perjuicio irreversible que ello ocasiona, que a grupos que cumplían las exigentes condiciones iniciales de la convocatoria, como el nuestro, se les denieguen los recursos solicitados.
La perplejidad, frustración e indignación que todo ello provoca nos lleva a plantear algunas preguntas acerca de si realmente la comisión encargada del reparto del dinero público y, en última instancia, el propio Consejero son conscientes de la repercusión social de nuestro trabajo, de si valoran nuestros esfuerzos por mantener nuestra investigación en los niveles de otros grupos de investigación de universidades extranjeras que ocupan los puestos más elevados en reconocidos rankings o, simplemente, ponen una cruz en una casilla del presupuesto para justificar su aportación a la causa. ¿Compromiso o postureo?
