La transición energética alcanza ya a Alemania, el país del continente con mayor cartel de carbonero. El Gobierno de Berlín ha puesto la fecha de 2038 como límite para la firma del certificado de defunción del carbón. Se trata del principal consumidor europeo de este combustible mineral, de la nación en la que se radican siete de las diez centrales térmicas más contaminantes de la Unión Europea. La decisión, por tanto, no es moco de pavo, sino de un gran calado.
Tratándose de un proceso imparable, bendecido por los burócratas de Bruselas y por los defensores del medio ambiente, bien haría el Gobierno español en seguir el ejemplo germano de cómo se negocian, a nivel interno y externo, las condiciones de la rendición del carbón, un recurso ciertamente contaminante pero básico aún para el sostenimiento de determinadas economías regionales.
Para compensar las pérdidas económicas que el cierre de las minas y las térmicas supondrá para las cuencas carboneras, el Gobierno de Merkel se compromete a una financiación multimillonaria que suma 40.000 millones de euros en transferencias a las regiones afectadas. Y se dan veinte años para llevar a cabo una ordenada transición.
Mientras, en España se empieza la casa por el tejado. Más que un Ministerio de Transición Ecológica lo que hacen falta son planes de transición. Si el carbón se acaba, habrá que buscar alternativas. Y financiarlas. Aunque muy venida a menos, pervive mucha economía aún en Asturias dependiente de las minas. Y no hará falta sólo dinero: también programas sociales y de empleo alternativo para que las cuencas mineras, como territorio, no se pierdan para siempre.
