La Física clásica define la velocidad como la relación entre la distancia que recorre un objeto y el tiempo que invierte en ello. Como lo normal en esta sociedad es que todos vayamos mal de tiempo, nos hemos acostumbrado a pisar el acelerador, tanto dentro como fuera de un vehículo, y así aumentar la velocidad, aunque esto suponga poner en riesgo mortal nuestras vidas, y las de otros. Hasta hoy. Quien sobrepase en una carretera secundaria los 90 kilómetros por hora se arriesga a una multa de 300 euros y la pérdida de dos puntos del carné de conducir. Si le pillan, claro. La Dirección General de Tráfico retiró el lunes las últimas señales con el prohibido circular a 100 km/h de una carretera de cada provincia española en lo que debe entenderse como una orquestada campaña mediática. En las últimas semanas nos han hablado doctamente de lo perniciosa que es la velocidad en la circulación. Y tienen razón. Pero nada nos han dicho a los conductores sobre si van a mejorar el mantenimiento del firme de las carreteras, si eliminarán curvas mortales, si rellenarán los agujeros que crecen en el asfalto y si por las noches encenderán algunas farolas más para que se note la pretendida recuperación económica. Con seguridad que esto también ayudaría en la seguridad vial, y nada se hace desde hace años, por lo menos en la provincia de Alicante. Nadie ha explicado hasta el momento el porqué entramos en el grupo de Bélgica, Croacia, Grecia, Italia y Portugal, con la cifra mágica de 90 km/h. ¿Por qué no 80 km/h máximo como en Suiza, Noruega, Países Bajos, Malta, Francia, Finlandia y Dinamarca? Alemania mantiene 100 km/h, y seguro que también tiene estudios. Como Tráfico, aprovechando que baja la velocidad, ha puesto advertencias de radares; y como la reducción de velocidad para salvar nuestras vidas solo se plantea, por ejemplo, en la provincia de Alicante en tres puntos de los más de 80 peligrosos que hay, no nos dejan más opción que sospechar que aquí hay afán recaudatorio por mucho que se quiera negar.
