Este país necesita que las fuerzas políticas conservadoras superen sus traumas y no compitan en irracionalidad. Hay consensos sociales irrenunciables sobre los que ya no hay vuelta atrás: respetar el Estado del bienestar y los derechos de las mujeres forman parte de ellos.
Pablo Casado la ha vuelto a liar. En su estrategia por competir con Vox por el voto ultramontano, al líder del PP no se le ha ocurrido otra cosa que culparnos a las mujeres de los problemas de financiación del sistema público de pensiones. Un sistema que el PP lleva años tratando de recortar y degradar para así sembrar el pánico entre las clases medias y alentar la fuga de éstas a los planes de pensiones privados ofertados por la banca.
Es terrible que a estas alturas todavía tengamos que recordar a los señores de la derecha que en la España del siglo XXI ser madre es una opción y no una obligación, y que en cambio pagar impuestos y contribuir al mantenimiento del Estado del bienestar sí es una norma cívica de obligatorio cumplimiento para todos los españoles. Mientras el PP perdona los impuestos a sus amigos ricos con amnistías fiscales, señala a las mujeres como culpables del vaciamiento de la hucha de las pensiones.
El PP utiliza la Constitución como arma arrojadiza en el debate territorial, al tiempo que obvia sus aspectos sociales más progresistas, como el derecho ciudadano a una "pensión adecuada y actualizada", recogido en el artículo 50 de nuestra Carta Magna. Asegurar la viabilidad de las pensiones requiere sobre todo voluntad política. Una voluntad que en nuestra opinión se concretaría mejorando los salarios de los trabajadores y trabajadoras en activo, y gravando con un nuevo impuesto de solidaridad los beneficios de la banca. Tanto PP como Ciudadanos, por sus estrechos vínculos con el poder financiero, se han opuesto y se siguen oponiendo a estas dos medidas aplicadas en muchos países de nuestro entorno, y prefieren culpar, unas veces a las mujeres y otras a los inmigrantes, del deterioro de los servicios públicos. Su hoja de ruta política, y la de sus amigos de Vox, no pasa por mejorar el Estado del bienestar, sino por desmontarlo.
Han pasado 40 años desde la restauración de la democracia en España y este país sigue necesitando una derecha responsable y no incendiaria. Cuestiones como el aborto ya no son materia de debate y división en España. La fallida reforma de Gallardón no convenció ni a los suyos y fue, de hecho, la mecha que encendió una llama feminista que hoy brilla más que nunca.
Este país necesita que las fuerzas políticas conservadoras superen sus traumas y no compitan en irracionalidad. Hay consensos sociales irrenunciables sobre los que ya no hay vuelta atrás: respetar el Estado del bienestar y los derechos de las mujeres forman parte de ellos.
