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Xuan Xosé Sánchez Vicente

Veinte años después

Bueno, un poco más tarde. En 1995 aparecía un Real Decreto regulando derechos y deberes de los alumnos, fruto de un Gobierno de Felipe González. El texto establecía una filosofía que ha perdurado hasta recientemente y que ha sido una de las causas del deterioro de la convivencia en las aulas. En sustancia, equiparaba, a efectos de faltas y sanciones, la palabra del profesor y la del alumno y establecía un procedimiento contradictorio entre ambos a fin de establecer la verdad. A tal fin un instructor (un "relator") tomaba nota de las negaciones o alegaciones del discente.

Muchos docentes y centros atesoran algunas historias escandalosas de ese procedimiento. En alguna, por cierto, ocurrida en mi centro, intervino como inspector el actual Consejero de Educación.

Unos pocos, aficionados a dar voces en castañéu, levantamos nuestra voz, a la que los mandamases hicieron oídos de mercader.

Y así siguieron las cosas. Cuando el Principado, por ejemplo, en 2007 reguló la misma materia, siguió idéntica filosofía. ¿Fueron tres los mosqueteros autores inicialmente del desatino? Como ellos, fueron más, pero en nuestro caso, como en el de los romances, fueron legión, eso sí, todos en la órbita de la emoción (y el empleo) socialista y aledaños.

Ahora el Decreto 7/2019 modifica el rumbo y establece que las palabras del profesor "gozarán de presunción de veracidad". Es cierto que el Decreto desarrolla (¡seis años después!) la Ley 3/2013, a la cual se vieron arrastrados los socialistas. Dejemos, con todo, que el Consejero presuma de la nueva filosofía.

Respecto a móviles y grabaciones en clase, el asunto que ha causado más protestas, ¿qué dicen los padres? Pues que no se debe sancionar al escolín por ello. ¿Y eso qué significa? Pues que pueden usar los móviles en clase. Cuya implicación a su vez es: dejen ustedes a nuestros hijitos hacer lo que les salga de los móviles.

Así va la cosa.

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