Se han alzado muchas voces en contra de la intervención del partido de derechas Vox en el proceso que actualmente está juzgando a los cabecillas de una presunta rebelión en Cataluña. Algunos se preguntan que cómo puede ser que un partido político intervenga en el juicio al mismo nivel que la Fiscalía o que la abogacía del estado sosteniendo la acusación e incluso solicitando penas aún más elevadas que las de éstos últimos. Incluso ha habido un representante de un partido independentista catalán, al que las fuerzas de seguridad habían impedido la entrada a la Sala donde se desarrolla el juicio, que manifestó que a él no le habían dejado entrar pero que en cambio sí habían permitido hacerlo a los miembros de Vox, mostrando así su perplejidad por lo que, seguramente, consideraba una enorme injusticia y discriminación con respecto a la formación verde.
Esta escena recuerda una película de 2006 llamada "Idiocracia", dirigida por Mike Judge, el cual dirigiría más tarde la genial serie "Sillycon Valley", en la película, un individuo completamente anodino y mediocre, es hibernado como parte de un experimento militar, para ser despertado mil años más tarde. En el transcurso de ese lapso de tiempo, la humanidad, en lugar de avanzar y ser cada vez más inteligente, se va haciendo más y más tonta y como consecuencia, cuando el protagonista despierta, resulta que vivía en una sociedad de idiotas, de ahí del título de la película, en la que ahora es el hombre más listo del planeta. Para hacernos una idea, el presidente de los Estados Unidos, presidente Camacho, era un rapero y actor porno que casi no sabía hablar.
Digo lo anterior porque las declaraciones del político catalán podían estar sacadas de esta película, no se explicaba como los abogados y representantes de otro partido político podían pasar y él no. La respuesta es muy simple, entraban al juicio porque ellos eran parte en el proceso e intervenían en el mismo como parte acusadora, no por el hecho de ser políticos y contar con más influencias que los independentistas dentro del Tribunal Supremo.
Llegados a este punto, conviene aclarar, que la intervención en el juicio de la formación conservadora es completamente legítima y está amparada por nuestras leyes procesales. En el curso de un procedimiento penal pueden intervenir del lado acusador tres tipos de acusaciones. La acusación pública, que es la ejercida por el Ministerio Fiscal y la sostendrá siempre que en el curso de una investigación haya indicios de delito y éste no sea de los que únicamente se pueden perseguir a instancia de parte. En segundo lugar, tenemos la acusación particular, que es la ejercida por las personas perjudicadas u ofendidas directamente por un hecho delictivo. Esta acusación es potestativa, es decir una víctima de un delito puede personarse como acusación particular o simplemente intervenir en el juicio en calidad de testigo, dejando el peso de la acusación al Ministerio Fiscal. Por último, llegamos al meollo de la cuestión, "last but not least", tenemos a la acusación popular, la cual puede ejercerse por cualquier persona física, tal como permite el artículo 125 de la Constitución, que dice que los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine. También viene previsto en La Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la Ley que regula los procedimientos penales, la cual establece que la acción penal es pública y todos los ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la Ley.
Pero no solo los ciudadanos pueden ejercer la acción popular, también las personas jurídicas, como asociaciones y partidos políticos, pueden hacerlo ya que la Ley permite la defensa por parte de éstos de intereses legítimos, no solo individuales, sino también colectivos, como es el caso de Vox, reconociendo la legitimación de las asociaciones y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción. Resulta por tanto legítima su intervención en el juicio penal que se está siguiendo contra los implicados en la declaración unilateral de independencia de Cataluña llevada a cabo en su día. Otra cosa es que no guste a determinados partidos que entienden que va a obtener una publicidad y repercusión gratuitas en vísperas precisamente de varias citas electorales de trascendental importancia, lo que implicaría un aumento en el número de votos que podría obtener esa formación.
