No deja de tener cinismo el representante especial de EE UU para Venezuela, Elliott Abrams, cuando menciona al Tribunal Penal Internacional en relación con un eventual exilio de los dirigentes venezolanos. En declaraciones a "El País", el exfinanciador de los contras nicaragüenses y conocido halcón sugiere que España es "un destino lógico para los miembros del régimen chavista". Aunque, explica, si su principal preocupación es que pueda juzgarlos el Tribunal de La Haya, sería más seguro para ellos ir a Rusia, Cuba o Turquía, países aliados que no los entregarían. Pero, argumenta Abrams, nadie quiere vivir en esos países, así que presumiblemente los políticos que abandonasen Venezuela "querrían ir, algunos al menos, a un país en el que se hable español".
No deja de tener cinismo el halcón estadounidense teniendo en cuenta que Washington no reconoce a ese tribunal. Lo dejó bien claro el arrogante secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, cuando amenazó con denegar visados a los funcionarios de ese tribunal a los que se les ocurriese investigar a EE UU por crímenes de guerra en Afganistán. Pompeo llegó a decir que las sanciones podrían aplicarse también a quienes tratasen de investigar a los aliados de EE UU, lo que se interpreta como una alusión a Israel.
El director de la sección de justicia internacional de la ONG Human Rights Watch, Richard Decker, calificó las amenazas del Gobierno de Donald Trump de "indignantes". Se trata, según él, de un intento de amedrentar al Tribunal Penal Internacional para que no investigue el comportamiento de las Fuerzas Armadas norteamericanas, acusadas de prácticas ilegales como la tortura.
El Tribunal Penal Internacional se creó con el objetivo de garantizar que los crímenes contra la humanidad y los genocidios como los cometidos en Ruanda y la antigua Yugoslavia no quedasen impunes. Se trata de un tribunal que debe emprender investigaciones solo si la autoridad nacional competente no quiere o no está en condiciones.
El gobierno del presidente Bill Clinton firmó en 2000 el estatuto de Roma, por el que se constituyó el tribunal, pero no lo sometió luego a la necesaria ratificación por el Senado. Y dos años más tarde, EE UU se retiró, como han hecho Israel y Sudán. También Rusia retiró su firma del documento fundacional después de que el TPI condenase la ocupación de Crimea y la calificase de "ocupación". Actualmente forman parte del tribunal de la Haya 123 Estados, entre los que tampoco figuran China, India o Indonesia.
