El Marco Estratégico de Energía y Clima del Gobierno de Pedro Sánchez dibuja un horizonte descarbonizado idílico. España llegaría al año 2030 con un 42% de renovables sobre su consumo total de energía final (cuando la Unión Europea se plantea llegar al 32%) y del 74% sobre el total de la generación eléctrica (cuando ahora no llega al 40%). Además, las emisiones de CO2 se reducirían un 21% con respecto a 1990; se crearían más de 250.000 empleos "de calidad" vinculados a las energías limpias, y el producto interior bruto (PIB) de España crecería el 1,8% (a un ritmo de más de 20.000 millones de euros al año) por las inversiones previstas en renovables (236.000 millones de euros), por el ahorro y la eficiencia energética y por la menor importación de combustibles fósiles (75.000 millones de euros de ahorro estimado).
Son cifras y tasas para abrazar. Otra cosa es cómo se alcanza ese horizonte. Sobre ello poco aclara la estrategia del Ministerio para la Transición Ecológica. Sí deja claro que "el fin de la generación eléctrica de las térmicas de carbón será imprescindible para lograr el objetivo de mitigación de gases de efecto invernadero" en 2030. Hay instrucciones claras para desconectar rápidamente centrales de carbón, pero el manual para activar al mismo ritmo nuevas instalaciones de generación limpia que las sustituyan está por escribir.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima prevé para 2030 una potencia total instalada en el sector eléctrico de 157.000 MW frente a los 105.100 de la actualidad. Está previsto incorporar 57.000 MW de potencia renovable y 6.000 MW de almacenamiento (en hidroeléctrica de bombeo y baterías). Se necesitarían añadir más de 4.000 MW de renovables todos los años. Sería superar con creces, ejercicio tras ejercicio, el actual récord de despliegue anual de esas energías verdes en España. Es un desafío ciclópeo.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció que pretendía subastar, como mínimo, 3.000 MW de potencia instalada en tecnologías renovables cada año, pero durante el tiempo que ha gobernado no se ha convocado ni un nuevo procedimiento de concurrencia competitiva. Además, está por ver si las subastas convocadas en 2016 y 2017 por el anterior Gobierno alcanzan el objetivo previsto. Se sabrá al cierre de este año. Entonces se comprobará si los promotores beneficiados por las subastas de renovables cumplen su compromisos de inversión y ejecución de 8.000 MW antes del 1 de enero de 2020; si las administraciones están a la altura en el ritmo de tramitación de los proyectos y de las líneas de conexión, y si el sistema de transporte eléctrico está preparado para dar cobertura a ese incremento de potencia de generación distribuida, que ya no se genera en los focos históricos de producción eléctrica, los que tienen un mejor mallado de líneas.
En un encuentro con periodistas celebrado la semana pasada en Madrid, el presidente de Red Eléctrica de España y ex ministro socialista Jordi Sevilla (que sucedió en el cargo en la compañía al ex secretario de Estado del PP José Folgado y este a su vez al ex ministro del PSOE Luis Atienza) apuntó que el sistema eléctrico "está preparado" para el aumento "previsto" de más de 5.000 MW de renovables para diciembre del próximo año. Es decir, otros 3.000 MW adjudicados en las subastas ya se dan por perdidos. Pero en el mismo encuentro, el consejero delegado de Red Eléctrica de España, Juan Lasala, señaló que el nivel de tramitación de los proyectos es "pobre". "Se necesita un plan decidido de aceleración", añadió Lasala, que señaló que ese es un tema que "preocupa mucho".
Desplegar las renovables no parece, por tanto, tan sencillo. Y además se necesita mucho dinero. Según el Gobierno, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 necesitará movilizar 236.000 millones de euros de inversión privada, pública y bajo modelos de colaboración público-privada. El 80% de esa inversión se espera que salga de las arcas de las empresas y el 20% restante (un total de 47.200 millones de euros) de las del Estado, las autonomías, las administraciones locales y la Unión Europea. De dónde sale ese reparto no aparece en el Marco Estratégico de Energía y Clima. Tampoco si las administraciones, en un contexto de control del déficit, tienen margen de maniobra para invertir 4.700 millones al año en energías renovables.
El Gobierno no ha dudado a la hora de accionar el interruptor de apagado de las térmicas de carbón, pero falta luz sobre cómo se va a encender el futuro renovable y si los ritmos previstos son viables.
