Recientemente, LA NUEVA ESPAÑA informaba del rechazo de varios partidos políticos a la propuesta del Presidente de Vox, Santiago Abascal, sobre permitir que los españoles de "bien" guarden un arma en su domicilio para utilizarla, en legítima defensa, si estuviera amenazada su vida.
A mi juicio, con esta iniciativa, Abascal pretende imitar a Donald Trump y su permisiva política con la tradicional posesión ciudadana de armas en EEUU, la cual se remonta al origen del país (al estar contemplada en la 2º enmienda de la Constitución) y permanece inalterable por la resistencia de un potente "lobby" económico, abanderado por la NRA (Asociación Nacional del Rifle); a pesar de las frecuentes y sangrientas consecuencias que Barack Obama, su predecesor, intentó controlar para evitar que ese lastre mantenga a EEUU anclado en el "Far West" (Lejano Oeste).
Dicho esto, puedo aportar un testimonio personal al respecto: Durante mi adolescencia, residí con mi familia en Nueva York, donde mi padre (médico) ejerció en uno de sus hospitales y estableció su consulta privada en la planta baja de nuestra casa, situada en un barrio de clase media (Elmhurst) del distrito de Queens.
En cierta ocasión, mi padre atendió un paciente que, injustificadamente, le solicitó una receta de opiáceos y, al fracasar en su propósito, el individuo se marchó contrariado. Esa noche, mi madre bajó a la planta baja y, desde la oscuridad, escuchó ruidos en la consulta. Presa de miedo, subió rápidamente hacia la vivienda para llamar a la policía, la cual acudió sin demora con dos agentes en coche-patrulla y, aunque no detuvieron al ladrón porque ya había huido por una ventana de la planta baja, levantaron acta del robo: una máquina de escribir eléctrica y desperfectos en la sala de curas (el botiquín), probablemente por buscar opiáceos y analgésicos potentes.
Alarmado por ese allanamiento de morada, mi padre preguntó a los policías si procedía adquirir un arma para la legítima defensa de su familia y de su propia integridad física durante las urgencias a domicilio que atendía de noche, a veces, por barrios marginales. Los agentes le dijeron que la ley americana permitía la posesión de armas en casa para repeler el allanamiento de morada, sin implicar repercusión judicial posterior; aunque ello excluía cualquier tiroteo en la vía pública. También le indicaron que, si adquiría el arma, debería usarla ante agresores armados porque, sin duda, le dispararían en el acto. Evidentemente, mi padre desistió de comprar el arma para evitar semejante escenario y, en consecuencia, dejó de realizar las visitas domiciliarias.
Transcurridas cinco décadas de ese incidente familiar, la tendencia del ciudadano americano a poseer armas es mayor; habiéndose propuesto armar a los maestros en las aulas para evitar los sangrientos tiroteos que, periódicamente, afectan las escuelas y universidades americanas en manos de ocasionales estudiantes descerebrados.
Llegados a este punto, proceden diversas reflexiones sobre este tema:
En primer lugar, armar a la ciudadanía para su defensa personal implicaría reconocer el fracaso de nuestra sociedad y sus valores democráticos; convirtiendo a España en otro "Lejano Oeste", donde primaría la indeseada "ley del más fuerte".
En segundo lugar, sería necio negar que, con la avalancha de inmigración ilegal llegada últimamente a nuestras costas, el grado de inseguridad ciudadana no aumente; ya que, quien hoy pide sumisamente para comer, mañana podría delinquir si padece hambre.
En tercer lugar, según nuestra neoyorquina experiencia familiar, poseer un arma implica el riesgo de tener que utilizarla en situaciones extremas; lo cual requiere una disposición psicológica y una formación específica para reconocer de inmediato dichas situaciones.
Además, si ahora se tolera la tenencia de armas en domicilios: ¿quién asegura que no se acabaría llevando armas por la calle? Según parece, en algún estado de EEUU ya han llegado a esa pretensión por considerarlo un derecho constitucional.
Finalmente, creo que Vox acierta al diagnosticar una creciente inseguridad ciudadana; pero se equivoca estrepitosamente en el tratamiento del problema. Pienso que procede actualizar nuestra legislación -para ser menos garantista con el presunto delincuente- y potenciar los recursos de nuestra Policía (Nacional, Autonómica, Local) o Guardia Civil, para que cumplan satisfactoriamente su cometido de "servir y proteger" al ciudadano y, a cambio, poder merecer su apoyo y confianza.
En definitiva, ante este delicado problema, se exige cordura y sensatez; evitándose esas "quiméricas" medidas de auto-defensa porque, lejos de solucionarlo, lo podrían agravar. La experiencia neoyorquina de mi familia avala esta conclusión.
