En el Parlamento Europeo ya estamos contando los días. La próxima semana se celebra en Estrasburgo el último pleno de la legislatura. No sé qué opinará el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, con quien comparto día de columna en este periódico, del trabajo de los diputados en plena Semana Santa. En todo caso, afrontamos ya ese último pleno, cargado de actividad legislativa, con el que el Parlamento cierra un mandato de actividad frenética.
Por mi parte, el martes próximo se vota en pleno el Reglamento para la creación de un "activo libre de riesgo europeo", del que he sido ponente del Parlamento en los últimos meses. Detrás de esta árida denominación, la propuesta pretende evitar las crisis de deuda pública que marcaron la pasada recesión. El incremento de los déficits y de la deuda pública, en algunos casos derivados de los rescates bancarios, elevó la incertidumbre sobre la capacidad de devolución, aumento así los tipos de interés que debían abonar los Estados. Ese aumento de los intereses empeoró aún la viabilidad presupuestaria de algunos gobiernos, alimentando un círculo vicioso del que resulta difícil salir. Al final, varios Estados tuvieron que recurrir a la financiación del resto de socios europeos, y aceptando una condicionalidad a cambio que ha enrarecido el nivel de confianza mutua en la Unión. Lo demás es historia.
Este reglamento, si bien no logra la creación de eurobonos, la emisión de deuda mutualizada, al menos, plantea el diseño de un nuevo producto conformado, eso sí, por la deuda nacional de todos los Estados. Se crea un título con la presencia de todas las deudas nacionales, en virtud de su peso económico, y el inversor recibirá un tipo de interés promedio de todas ellas. Cada gobierno será responsable de pagar su parte, pero la comercialización conjunta aminorará los problemas de liquidez de los Estados. Ante futuras crisis soberanas, los Estados siempre podrán emitir parte de su deuda, que podrá colocarse empaquetada con el resto de deudas públicas nacionales en ese nuevo título.
Esta propuesta no resolverá todos los problemas que sufrimos en la crisis de deuda soberana de 2010-12, pero podrá reducirlos, y supone un paso hacia delante en la creación de esos eurobonos, tan necesarios como difícilmente negociables en este momento político.
El reglamento, presentado por la Comisión en la pasada primavera, sumaba ya medio año de retraso en los pasillos del Parlamento, con enmiendas de rechazo del Partido Popular Europeo y buena parte de los Liberales, y con divisiones también en mi propio grupo. Tras varias vueltas, el Parlamento decidió encargarme su negociación el pasado enero, y estos meses he logrado desbloquearlo con un gran acuerdo de Socialistas, Verdes, Populares y Liberales, circunvalando todos los obstáculos en el camino. Pues bien, el Parlamento aprobará este acuerdo el próximo martes y deberemos esperar al Consejo, para iniciar la negociación conjunta. Quedará, pues, para la próxima legislatura la posible finalización de este dossier.
La zona euro, como toda unidad económica, necesita lo que se denomina en economía, un "activo libre de riesgo", es decir un título cuya probabilidad de impago se considere nula. A partir de ese anclaje, los agentes económicos asignan probabilidades de pago y, por ende, tipos de interés. Ese activo, además, sirve de "refugio" ante crisis y permite también operar la política monetaria de los bancos centrales. Ciertamente, denominar "seguro" a un activo no deja de ser una conjetura social, pero un supuesto necesario para permitir operar a las economías de mercado.
El Arzobispo Jesús Sanz Montes seguro que considera que las sociedades necesitan algo más que un activo económico "libre de riesgo" para funcionar. Pero eso ya es "harina de otro costal".
