No existe reparación posible de la humillación y el desprestigio que sufre una persona a la que la Justicia mantiene 630 días en prisión preventiva y en el juicio se declara su inocencia. Casi dos años de privación de libertad sin constatarse pruebas suficientes de los delitos que imputaba la Fiscalía supone una pesada losa con la que ningún ciudadano debería cargar en un Estado de derecho serio y efectivo.
Habrá quien argumente que la inexistencia de pruebas concluyentes no es sinónimo de ausencia de delito, pero esa reflexión juega con cartas marcadas: en caso de duda, la Justicia siempre debe decidir a favor del acusado. Se llama presunción de inocencia; lo contrario sería presunción de culpabilidad. Que todos seamos culpables a menos que se demuestre lo contrario es cuestión de regímenes totalitarios y de justicias teocráticas.
El expresidente del Barça ha pasado 21 meses en la cárcel siendo inocente solo porque la instructora, la jueza Lamela, la misma del "caso Musel", aún sin fecha de apertura de juicio oral, valoró por encima de otras cuestiones el riesgo de fuga. Hubiera sido menos dañino colocarle a Rosell unos grilletes y atarlo a la cama del dormitorio familiar.
La pasada semana, el "ladrón de los Dacia", en Gijón, un reincidente, fue detenido por el robo en el interior de cinco vehículos de esa marca, unos días después de ser apresado por una veintena de asaltos previos. No pasó por prisión y volvió a delinquir. A veces es fácil entender por qué a la Justicia la dibujan o la esculpen con una venda en los ojos.
