En España, donde los partidos se repartirán este año (elecciones aparte) 52,7 millones de euros de dinero público, nunca se ha suscitado un debate serio sobre su financiación. Seguramente porque casi todos (hay honrosas excepciones) están muy cómodos con la situación actual. Subvenciones para funcionamiento y seguridad, ayudas para gastos electorales y aportaciones a grupos en las Cortes, cámaras autonómicas, diputaciones y ayuntamientos... más del 75 por ciento del dinero que ingresan los partidos proviene de las arcas públicas; esto es, de los impuestos que paga la ciudadanía. Y eso sin contabilizar las prebendas: tabletas, móviles, gastos por alojamiento, billetes de avión, taxis... Solo en Asturias el próximo día 26 los partidos políticos se juegan once milloncejos de nada. Son los cuartos que se repartirán durante los próximos cuatro años las formaciones que consigan representación en la Junta General del Principado, esa que se dice heredera de aquella cuyo origen se remonta al año 1388 y que en 1808 se proclamó soberana, declaró la guerra a Francia y envió embajadores a Inglaterra para solicitar ayuda militar para luchar contra el entonces invicto ejército de Napoleón. Como ahora, más o menos. Once millones. Una pasta. Y aún hay que añadir los sueldos las 45 ilustrísimas señorías que juran (o prometen, según el caso) representarnos y el personal eventual de gabinete (asesores y demás) de los partidos y de la Mesa: 4,4 millones este año. ¡Será por perres!
