La vieja política no acaba nunca, por más promesas que se hayan hecho para desterrarla. El respeto a las instituciones sucumbe ante los juegos de poder de los partidos. Del último fiasco para elegir presidente del Tribunal Supremo, hemos pasado ahora a la frustrada "operación Iceta". Pedro Sánchez aún no es nuevo presidente del Gobierno, pero el paso de 84 a 123 diputados parece haberle nublado la vista y ya ha cogido la aguja de enhebrar las instituciones, aunque en esta ocasión sin hilo ni dedal. Hace unos días anunció que Miquel Iceta, diputado del parlamento de Cataluña, sin ni siquiera ser aún senador, sería el nuevo presidente del Senado. Se supone que quien elige al presidente del Senado es el Senado y que para asumir esa presidencia es necesario ser senador.
El malabarismo consistía en mover piezas como si uno fuese el dueño del tablero. De acuerdo con la Constitución, las Comunidades Autónomas designan a un pequeño número de senadores que se unen a los que han sido elegidos en las elecciones generales. Fruto de ello, al parlamento catalán le corresponde designar a ocho senadores. La Constitución exige que la selección de estos senadores guarde correlación con la composición política de dicha cámara. En aplicación de este criterio, el art. 174 del Reglamento del Parlament de Cataluña dispone que la Mesa fija el número de senadores que corresponde proporcionalmente a cada grupo parlamentario, éstos proponen a sus candidatos y el Pleno del Parlament los ratifica. En la actualidad al grupo socialista del PSC le corresponde un puesto, ocupado por el señor Montilla. Pues bien, la "operación Iceta" consistía en que Montilla presentaba su dimisión y como la vacante le correspondería al cupo del grupo parlamentario socialista, éste propondría como sustituto al diputado del Parlament Miquel Iceta. Una vez incorporado al Senado, la mayoría socialista de esta Cámara lo elegiría presidente.
El problema surge cuando el supuesto automatismo de la sustitución, que se deduce de la práctica parlamentaria presente en todos los parlamentos autonómicos, incluido el catalán, choca con la voluntad del Pleno del Parlament, dominado por los independentistas. El art. 174 del Reglamento del parlamento catalán está redactado en clave partidista, no por el reparto proporcional de los ochos puestos de senador entre los grupos parlamentarios, ya que eso lo demanda la Constitución, sino por establecer que los candidatos propuestos por los grupos serán "ratificados" por el Pleno del Parlament. Aunque la competencia de la designación le corresponde al Pleno, el Reglamento parece constreñir su función a un simple refrendo o ratificación de las propuestas presentadas por cada grupo parlamentario. Desde un punto de vista institucional lo más lógico es dejar abierta la posibilidad de que la Cámara pueda examinar la idoneidad de los candidatos, ya que su nombramiento se imputa a la Comunidad Autónoma. Lo cierto es que confiando en aquella práctica parlamentaria y en la norma de mera ratificación por el Pleno, Pedro Sánchez cogió la aguja de enhebrar sin ni siquiera comentar su deseo al presidente del Parlament y se acaba de pinchar, porque el independentismo quiere sangre si no puede ser dedal.
El President Torra se acogió de manera farisaica al sentido institucional del nombramiento, que formalmente corresponde al Pleno del Parlament, para anunciar que impediría la designación de Iceta como senador. Dicho Pleno, dominado por los independentistas, acaba de consumar el pinchazo votando en contra de Iceta. Es obvio que Torra no lo hizo para reivindicar que las instituciones dejen de estar al servicio de los partidos, porque a no otra cosa se dedica sin pudor desde que asumió la Presidencia de la Generalitat. Si el presidente del Gobierno en funciones no es quién para decirle al Senado lo que tiene que hacer, el presidente de la Generalitat no lo es tampoco para decidir cómo tiene que responder el Parlament. Es obvio que actuó así para entrar en la refriega partidista del independentismo contra sus adversarios, usando el pretendido nombramiento como ejemplo de una afrenta más contra la Generalitat y el pueblo de Cataluña; eso sí, sin desdeñar utilizarlo como posible moneda de cambio. Sin embargo, la trifulca deja sobre la mesa la falta de respeto institucional que supone que el presidente del Gobierno en funciones ningunee al parlamento de Cataluña, porque, aunque sólo le corresponda a éste ratificar la propuesta, debería esperar a que ello sucediese para después dejar que el Senado haga su trabajo. PP y Ciudadanos aprovecharon la osadía de Sánchez para abstenerse en la votación sobre Iceta, anteponiendo sus intereses electorales a lo que venía siendo una práctica parlamentaria.
Pese a todo, Pedro Sánchez saca algo bueno de su torpeza y es que si después del enfrentamiento con Torra, el Parlament hubiera ratificado la candidatura de Iceta, hoy se estaría preguntando la oposición a cambio de qué.
