Entre flores, fandanguillos y alegría los presos del 1-O han vuelto a usar el Congreso para lanzar consignas independentistas pese a la prohibición del Tribunal Supremo, que les juzga, de hacer declaraciones a la prensa durante su visita a la Cámara para cumplir los trámites de acreditación como diputados. Esgrimen la petición de libertad para Cataluña como si el ejercicio de sus derechos y los del prófugo Puigdemont no fueran la prueba fehaciente del garantismo en este país. Pero no hay remedio con estos sujetos: en su caso los hechos contradicen la bondad de los principios de tolerancia que rigen en una democracia. Sueltas la cuerda y la tensan: como se decía antiguamente les das un pie y te cogen la mano.
Ya es una disfunción del sistema que puedan sentarse en el Congreso de España diputados que sólo defienden los interes de un sector de la población y, dentro de él, de los que sólo se aferran a la idea de separarse del país. La prueba son las palabras de Jordi Turull que ha expresado el deseo de "servir a los ciudadanos de Cataluña". Lo lógico, si no estuviera montado de la manera en que está, es que Junqueras, Rull, Turull y compañía defendieran exclusivamente en el parlamento catalán su idea de cómo deben funcionar las cosas siempre de acuerdo con la ley, sin dar golpes de Estado desde las instituciones. Eso sería lo suyo en cualquier sociedad democrática.
Pero a Junqueras, Rull, Turull y los demás los juzgan por actuar deslealmente contra el Estado que les permite ejercer sus derechos políticos a pesar de haber incumplido de manera grave con los deberes constitucionales. Si los suspenden no será por el demérito contraído sino por el interés en facilitar la investidura de Sánchez que ha especulado diabólicamente con ellos.
