"Tenemos que hablar", dicen que dijo Oriol Junqueras al presidente Pedro Sánchez en el acto de constitución de las Cortes. El Congreso de los Diputados vive, desde el aclamado fin del bipartidismo imperfecto allá por 2015, una parodia de happening más o menos gilipollesca. Lo que en el pasado eran ocasionales destellos genialoides, ocurrencias chiripitiflaúticas e instantes de baboso narcisismo, es ahora casi obligatorio. El capítulo central en 2019 lo han protagonizado Junqueras y sus compañeros presos, que sabían perfectamente a lo que iban: a representar en sus heroicas carnes la opresión barbárica del Estado español. Junqueras se ha amasado a sí mismo, como un paciente panadero, hasta conseguir un esponjoso y suave ejemplo de demócrata a carta cabal y acendrado católico capaz de apelar al diálogo como única forma para resolver los conflictos políticos porque, más que un independentista o un republicano, ya se sabe, es buena persona. "Por encima de nuestra ideología o nuestro programa político", dijo en su extemporánero y tolerado discurso en el Tribunal Supremo, "somos buenas personas". Salvo para las bisabuelas desmemoriadas y los guionistas de culebrones televisivos no existen buenas y malas personas, sino actos buenos y actos malos y, en este caso, actos que se ajustan a la legislación de un Estado democrático o actos que la conculcan. Junqueras no está en prisión preventiva a pesar de ser buena persona, sino porque los indicios de que violentó la ley han sido lo suficientemente sólidos como para procesarles judicialmente.
Es una pena que esa voluntad de diálogo no la mantuviese el líder de ERC y decidiera sustituirla en comandita con sus compañeros por la organización de un referéndum ilegal como parte de una estrategia conspirativa -urdida presuntamente desde la misma Generalitat- para declarar la independencia de Cataluña. Por supuesto nada de eso forma parte del relato entre épico y lacrimógeno de los independentistas. Pese a la claridad meridiana del reglamento de la Cámara Baja, todos calificaron de escandalosa la inminente suspensión de los diputados electos, como si fuera una argucia del despótico régimen español.
Las estratagemas escénicas de ERC evidencian que no se producirá ningún acuerdo de legislatura entre el PSOE y las fuerzas independentistas y sí, en cambio, un enfrentamiento que se agudizará en los próximos meses para alcanzar el paroxismo con la sentencia del Tribunal Supremo y en las elecciones catalanas de otoño. La legislatura será una bronca perpetua, animada aún más por las derechas ululantes, y con un Gobierno perpetuamente en minoría que necesitará tejer y destejer la colaboración parlamentaria de media docena de fuerzas además de Podemos. ¿Reforma Constitucional, nuevo sistema de financiación autonómica, consensos en la financiación de pensiones o en el modelo educativo, incluida la Universidad y la Formación Profesional? Ni están ni se les esperan.
