El Gobierno había decidido que los restos mortales del dictador salieran del Valle de los Caídos antes del 25 de octubre, a solo dos semanas de las elecciones generales. La fecha de la exhumación, que durante meses se mantuvo en secreto, sería entre el 18 y el 22 de ese mes, en el que las temperaturas eran elevadas pese al avance inexorable del otoño, en el parte meteorológico y en la estación política. El día y la hora solo las conocía el jefe del Ejecutivo, que las había redondeado con rotulador rojo de trazo grueso hace semanas en su almanaque personal del despacho de Moncloa, al amparo de los augures de las encuestas.
La basílica se había cerrado a cal y canto para preparar los trabajos de apertura de la cripta y para evitar previsibles protestas de los nostálgicos. En la hoja de ruta gubernamental se había previsto hacer el traslado del féretro en helicóptero, para impedir que los franquistas recalcitrantes que aún mastican añoranza de tiempos peores pudieran acompañar en procesión al amasijo de huesos hasta su eterno, ya sí, descanso en el cementerio de El Pardo.
Cuando, desdeñosos pero aturdidos por la relevancia del mediático acontecimiento, los operarios contratados retiraron la pesada lápida y abrieron el féretro, descubrieron que dentro del mausoleo no había rastro de la momia. El rostro del prior de la basílica, dispuesto ceremonioso al responso, quedó desencajado: habían permanecido, él y sus antecesores, al cuidado de una farsa.
El dictador no yacía allí, en el lugar señalado por la historiografía oficial. Había desaparecido del Valle de los Caídos como décadas antes su efigie había abandonado, a la chita callando, las estafetas de Correos y las monedas de curso legal.
