Más de doscientos intelectuales han hecho público un manifiesto en el que piden a los gobiernos catalán y español que negocien una salida al conflicto soberanista. Personas a las que admiro y tengo en gran aprecio como Noam Chomsky, Victòria Camps o Iñaki Gabilondo aparecen entre los firmantes y, expresado en los términos en los que se redacta el manifiesto, yo mismo me habría adherido a buena parte de él.
Pero no seamos ingenuos. Lo que está sobre la mesa no es la negociación en sí -el "diálogo" lo exigen todas las partes-, sino la manera de llevarla a cabo y los objetivos que persigue. Quien ha expresado el problema mejor es Arnaldo Otegi al advertir al nuevo Gobierno, aún por lograr, que si la negociación pasa por tener que respetar los límites constitucionales no hace falta que les llamen. Queda claro, pues: ¿hay que negociar dentro de la Constitución o fuera de ella?
El derecho tiene la necesidad de quedar sujeto a normas superiores que se van jerarquizando hasta llegar a una norma básica que no se expresa; se admite de forma implícita sin cuestionarse. Pero cabría preguntarse si todas las partes del conflicto catalán admiten esa misma norma básica que, por supuesto, no es la Constitución sino lo que la fundamenta. Quizá soberanistas y unionistas coincidiesen al llamar "democracia" a ese valor supremo pero lo que se entiende como tal pasa a ser tan ambiguo como las justificaciones del presidente Torra sobre el derecho del Tsunami Democràtic a bloquear las carreteras o la inacción del presidente (aún en funciones) Sánchez a ese mismo respecto.
La clave del conflicto parte del referéndum de 2017, realizado en nombre del voto libre. Tal cosa es la clave de la democracia pero la cuestión esencial es si toda propuesta de ir a las urnas debe someterse a la norma superior que sería, en este caso, la Constitución. ¿De verdad sostienen Chomsky, Camps y Gabilondo que no, que la Carta Magna es, como reclama Otegi, prescindible? Si la respuesta es negativa, la independencia de Cataluña -un deseo legítimo, sin duda- debe seguir un procedimiento ordenado y éste cambiar la Constitución. Comiéncese por ahí porque no cabe sostener el derecho a un referéndum sobre la independencia sin cambiarla antes. La alternativa está muy clara. Los CDR han advertido que o independencia, o barbarie. Pues bien, la alternativa no es esa. Una independencia que no parta de negociar para que se cambie la Constitución es también otra barbarie.
