El día 30 de noviembre tendrá lugar, una vez más, la jornada "Ciudades por la Vida / Ciudades contra la pena de muerte", una iniciativa impulsada por la Comunidad de Sant'Egidio con el apoyo de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, a la que pertenece Amnistía Internacional. Más de 2.000 ciudades en todo el mundo vienen participando en esta jornada y expresan simbólicamente su compromiso mediante la iluminación de edificios emblemáticos en la fecha en la que se recuerda la primera abolición de la pena capital que tuvo lugar en el Gran Ducado de Toscana en 1786.
En Asturias habrá una doble convocatoria: en Avilés se proyectará una imagen representativa sobre la cúpula de Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, y en Oviedo el acto se traslada en esta ocasión a la plaza del Ayuntamiento, donde Decero Creativo llevará a cabo una intervención lumínica y acción artística. Además, en ambos lugares se procederá a leer un manifiesto a las 19 horas para exigir la suspensión total de las ejecuciones y la abolición universal de la pena de muerte.
El movimiento a favor de la abolición de la pena de muerte está consiguiendo avances significativos y debemos felicitarnos porque las ejecuciones y las condenas a muerte han disminuido en todo el mundo, tras haber alcanzado máximos históricos en años anteriores.
El último Informe Global de condenas a muerte y ejecuciones de Amnistía Internacional, referido al año 2018, pone de manifiesto que el pasado año se registraron 2.531 condenas a muerte en 54 países, lo que supone un leve descenso con respecto a la cifra de 2.591 condenas a muerte registrada en 2017. Pero en cuanto las ejecuciones llevadas a cabo, el informe resalta que se registraron 690 ejecuciones en 20 países, lo que representa una reducción del 31% respecto a 2017, con 993 ejecuciones, siendo el número más bajo de que ha contabilizado Amnistía Internacional en la última década. Aunque hay que advertir que, como en años anteriores, los totales globales no incluyen los miles de ejecuciones que -a juicio de Amnistía Internacional- tuvieron lugar en China, donde los datos sobre la pena de muerte están clasificados como secreto de Estado.
Cuando Amnistía Internacional comenzó su campaña global contra la pena de muerte en 1977, la pena capital estaba abolida solo en 16 países. Al terminar 2018, la habían abolido en la ley para todos los delitos 106 países, la mayoría de los Estados del mundo, y más de dos tercios, 142 países, la habían abolido en la ley o en la práctica. Los últimos en incorporarse a esta tendencia fueron Burkina Faso, que abolió la pena de muerte en su nuevo código penal, y Gambia y Malasia, que declararon oficialmente una moratoria de las ejecuciones. Y en Estados Unidos, la pena de muerte fue declarada inconstitucional en el estado de Washington. Estos pasos positivos se vieron reforzados por otros avances a nivel internacional, como la adopción por la Asamblea General de la ONU -con más apoyo que nunca- de su séptima resolución dirigida a los Estados que retienen la pena de muerte, para que establezcan una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir esa pena. Un total de 121 de los 193 Estados miembros de la ONU votaron a favor de la resolución, mientras que sólo 35 votaron en contra y 32 se abstuvieron.
Ello evidencia que se están haciendo progresos, pero también hay que destacar que aún queda mucho por hacer. A pesar de la mejora de los datos, el informe de Amnistía Internacional nos muestra que numerosos países siguen poniendo en práctica la pena de muerte sin restricciones y al final de 2018 se tenía constancia de que había al menos 19.336 personas condenadas a muerte.
En la información por países se destaca que, excluyendo a China, el 78% de las ejecuciones conocidas tuvieron lugar en tan sólo cuatro países: Arabia Saudí, Irán, Vietnam e Irak. En Egipto, el número de sentencias a muerte se incrementó en más del 75%. Botswana, Sudán y Taiwan reanudaron las ejecuciones en 2018. Hubo un incremento de las ejecuciones en Bielorrusia, Japón, Singapur, Sudán del Sur y Estados Unidos, mientras que el presidente de Sri Lanka declaró que reanudaría las ejecuciones tras más de 40 años, anunciando nuevas ejecuciones en febrero de 2019. También volvió a ejecutarse en Tailandia tras nueve años de moratoria, lo cual es enormemente preocupante porque en este país acaba de confirmarse la condena a muerte del español Artur Segarra, al rechazar el tribunal de Bangkok la última apelación de la que disponía.
En muchos países, al imponer la pena de muerte siguieron violándose el derecho y las normas internacionales: ejecuciones públicas, personas condenadas a muerte y ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad, o condenas a muerte a personas con discapacidades mentales o intelectuales. También se tuvo constancia de la imposición de condenas a muerte en procesos que incumplían las normas internacionales sobre juicios justos, en ocasiones con la obtención de "confesiones" mediante tortura u otros malos tratos. Asimismo, se pudo constatar el empleo de la pena capital para castigar delitos en los que no había existido intención de matar y que, por tanto, no alcanzaban el umbral de "los más graves delitos" que establece el derecho internacional: como delitos económicos y corrupción, "blasfemia" o "insultos al Profeta del Islam", secuestro, tortura, violación, y distintas formas de "traición", "actos contra la seguridad nacional", "colaboración" con una entidad extranjera, "espionaje", "cuestionamiento de las políticas del líder", participación en "movimientos rebeldes y terrorismo" y otros "delitos contra el Estado", conlleven o no pérdida de vidas. Y siguieron siendo numerosas las condenas a muerte por delitos de drogas (como mínimo 226 nuevas condenas dictadas en 14 países) y al menos 98 ejecuciones consumadas en cuatro países (Arabia Saudí, China, Irán y Singapur), cifra que supone un 14% del total mundial.
Así pues, quienes propugnamos la abolición de la pena capital tenemos aún muchos motivos para movilizarnos. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito, de la culpabilidad, inocencia u otras características de la persona y del método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. Porque la pena de muerte viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia. Por todo ello, invitamos a la sociedad asturiana a participar en las concentraciones que tendrán lugar a las 19 horas del próximo día 30 en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo y ante el Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer de Avilés.
