Después de que los afiliados del PSOE dieran el apoyo que se les pidió al preacuerdo con Podemos y que los de ERC, como se les había sugerido, rechazaran prestarle el suyo sin un compromiso previo para abordar el problema catalán, delegaciones de ambos partidos han iniciado conversaciones. Tras la reunión del pasado jueves, el PSOE y el PSC emitieron un comunicado conjunto anunciando que los tres partidos han iniciado un diálogo constructivo para la formación de un gobierno dotado de estabilidad política con el objetivo de desarrollar una agenda de derechos y conducir por la vía institucional el conflicto político planteado en Cataluña. El encuentro estuvo precedido por la publicación de un artículo, titulado "Las cuatro patas de la mesa de negociación", en el que el vicepresidente del gobierno de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, fijaba las condiciones que debían cumplirse para que ERC acceda a facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Y advertía categóricamente que, en otro caso, el voto de los diputados de su partido será negativo. Puesto que los tres partidos han quedado emplazados para el martes, es obligado colegir que el PSOE ha aceptado las condiciones de ERC para abrir una negociación.
La propuesta del partido de Oriol Junqueras consiste en reiniciar el diálogo para encontrar una salida al conflicto catalán en el punto en que quedó roto hace un año, a raíz de las iniciativas adoptadas por el gobierno español de acuerdo con la Declaración de Pedralbes que había suscrito junto con el gobierno catalán. Las condiciones establecidas por ERC, puestas al día, son: una negociación bilateral entre iguales de ambos gobiernos (en la que sorprendentemente, en principio, no participaría el actual presidente de la Generalitat), un diálogo sin límites que incluya la amnistía, el derecho de autodeterminación y la celebración de un referéndum, un calendario y garantías de que el acuerdo que se alcance sea sometido a una votación de los catalanes. En su artículo, Pere Aragonès hace gala del espíritu de diálogo que dice que ha exhibido ERC durante todo el "procés" e invita a hablar para resolver el problema de forma democrática, pero lo cierto es que su partido ha actuado en todos estos años de manera unilateral y las estrictas condiciones que pone al PSOE indican que se propone seguir haciéndolo y que recurrirá a la negociación cuando le convenga, como ocurre en la situación actual.
En la actitud con que encaran los republicanos estas conversaciones no hay novedad; la que produce asombro e inquietud es la postura asumida por los dirigentes socialistas. La definición del problema catalán como un conflicto político entre Cataluña y el Estado español no tiene mayor importancia, salvo la de poner una vez más en evidencia a Pedro Sánchez, que se cansó de decir lo contrario, repitiendo hasta la saciedad que era una cuestión de convivencia entre catalanes, y siempre que se precise que el conflicto no lo plantea Cataluña entera, sino los independentistas exclusivamente, que pretenden hablar en nombre de todos los catalanes. Supone admitir, por fin, la verdadera dimensión del problema y sus implicaciones en la política española. Para la democracia española es mucho más grave y peligroso que el PSOE entable una negociación con un partido independentista que presenta antecedentes de desobediencia a la legalidad, sin tomar la precaución de acotar los temas de conversación ni exigirle, aunque solo fuera como contrapartida a sus exigencias, respeto al orden constitucional. Porque, resulta difícil imaginar qué puede negociar el PSOE en materia de amnistía, derecho de autodeterminación y convocatoria de un referéndum en Cataluña sin salirse de los límites que marca la Constitución, los que ha prometido respetar en cualquier diálogo sobre el conflicto catalán. Por otra parte, el PSOE ofrece su mejor disposición a hablar de todo mientras ERC alterna su presencia en la mesa de negociación con ostentosos gestos de deslealtad en el Congreso, en el parlamento catalán y en los demás ámbitos de la vida política.
Esta negociación, así planteada, está en manos de ERC, que puede romperla cuando considere oportuno, sin temor a perder nada. Sin embargo, para el PSOE y el Estado español tiene un riesgo muy elevado de renuncia, fisura o descrédito. En su comunicado, para justificar la negociación con los independentistas catalanes, los socialistas aducen su propósito de desbloquear la situación política y de satisfacer el deseo mayoritario de los españoles de tener un gobierno progresista. Hay destacados miembros del PSOE que no piensan lo mismo. Los dirigentes de ERC no negocian un gobierno que devuelva la normalidad a la política española, sino que intentan avanzar hacia sus objetivos aprovechándose de la flaqueza mostrada por Pedro Sánchez.
Por este camino, nos dirigimos a una crisis mayor. El bloqueo político de España está en el Congreso, no en Cataluña. Están negociando dos partidos, o tres, si contamos al PSC como un interlocutor autónomo, y ERC aspira a que el PSOE se comprometa en firme a que un día los dos gobiernos negocien su tabla reivindicativa. El PSOE debería separar claramente un posible acuerdo de investidura del diálogo, necesario y desde luego deseable, para resolver el enorme problema planteado por los independentistas catalanes, y no abrir una gran brecha en la unidad del estado. Son asuntos de naturaleza distinta que requieren actuaciones políticas bien diferenciadas. No conviene mezclar una demanda del derecho de autodeterminación con la legítima aspiración a gobernar de un partido que ha ganado unas elecciones. Es comprensible la perplejidad de muchos españoles y el temor de algunos partidos a unas terceras elecciones.
