Como cada año, desde hace cuatro décadas, el último mes empieza con una festividad que algunos quisieron convertir en fiesta nacional. Nos referimos al 6 de diciembre, conmemoración del referéndum por el que se aprobó la Constitución Española de 1978. "La Constitución del consenso", "el final triunfante de una transición modélica", "el marco de convivencia legal de la democratización de España", con todos esos piropos y muchos más se la definió. Pese a las dudas sobre el periodo en el que nació y sobre su vitalidad actual, aquí está con 41 años para celebrar.
Echando la mirada al pasado, todavía esta Constitución de 1978 no superó a la más longeva de las que hemos tenido. Como siempre, la Historia enseña algunas cosas, muchas, y matiza juicios precipitados más de una vez. Vayamos a ella. España, desde que la guerra de la independencia hiciera saltar por los aires los resortes del "viejo régimen" y desatara la revolución liberal e iniciara la formación del Estado en un proceso que duró todo el siglo XIX, elaboró seis constituciones, si exceptuamos la "napoleónica" de 1808 o el Estatuto Real de 1834. Aquellas constituciones (1812, 1837, 1845, 1869, 1876 y 1931) tuvieron desigual vigencia y fortuna y gozan hoy de "recuerdo histórico" muy distinto. La primera, la Pepa de 1812, fue la preferida, aunque solo durara su aplicación unos seis años en distintos momentos de aquel Fernando VII, que de "Deseado" pasó para muchos a indeseable. Tras la regencia, en el reinado de su hija Isabel II hubo gobiernos que fueron diseñando un estado liberal, condicionado por los levantamientos carlistas, las guerras coloniales, el peso de los militares y el descrédito de la corte. Con dos constituciones se quiso trazar el Estado. La de 1837, tuvo una aplicación de ocho años y la de 1845 quedó quebrada 23 años después por la llamada "Revolución Gloriosa" de 1868, que inauguró el periodo histórico conocido como Sexenio Revolucionario o Sexenio Democrático, según las apreciaciones.
La "Gloriosa", que provocó el exilio real de Isabel II, dio origen a un gobierno interino, la convocatoria de elecciones a cortes constituyentes y la elaboración de la Constitución de 1869. No fue sangrienta pero sí convulsa. El desprestigio de la corona y las corruptelas, además de la crisis financiera y las malas cosechas hicieron que liberales, progresistas y demócratas se unieran para cambiar el régimen. Cuando en septiembre de 1868 se produjo el pronunciamiento (con larga tradición en aquel siglo) de Topete, Prim y Serrano desde Cádiz, la paz de la capital, Madrid, era similar a la de "un cementerio" en palabras del escritor y político Juan Valera; en cambio días después el mismo Valera describió el regocijo: "no parece sino que a todos estos madrileños les ha caído el premio grande de la lotería con la marcha de la Reina".
La "Constitución Democrática de la Nación Española", promulgada el 6 de junio de 1869, fue la menos duradera de cuantas tuvo España. Apenas 4 años. Pero ofrece algunas particularidades que la hacen reseñable. Sancionó el sufragio universal masculino a los 25 años, algo impensable poco antes. Se instauraba, en palabras del presidente demócrata del Congreso, Nicolás García Rivero, un régimen constitucional, basado en la soberanía nacional de ciudadanos iguales, de libertad política, derechos individuales y descentralización administrativa. Unas cortes bicamerales, depositarias de las "esencias patrias", contaron con oradores de gran nivel intelectual. La libertad de prensa y el derecho de asociación motivaron un auge de nuevas publicaciones al calor del ardor participativo; la libertad de cultos y el control de los desbarajustes económicos y la obligación de todos a pagar impuestos o a defender a la patria fueron otros tantos asuntos abordados. Sin embargo, los partidos y los hombres que habían llevado a la nación a aquella nueva coyuntura discrepaban en cuestiones importantes, reflejadas en los mismos nombres de sus formaciones: moderados, progresistas, carlistas, demócratas, divididos también en monárquicos y republicanos y estos últimos en federales y unionistas; por simplificar el lío.
Se impusieron en aquella Constitución, tras debates enconados, quienes preferían un régimen monárquico constitucional que se oponía al republicano ya que, argumentaban, este no había sido bueno en el viejo continente, aunque sí en Estados Unidos "por ser un pueblo joven, perdido en medio de selvas vírgenes, y limitado solamente por vastas soledades inexploradas y tribus errantes". Buscaron un rey sin mácula y sin oposición exterior y triunfaron quienes se decantaron por Amadeo I de Saboya, que contó entre sus máximos apoyos con el general Juan Prim. El nuevo "rey demócrata", hijo del italiano Víctor Manuel II, llegó a Madrid en enero de 1871. Esa monarquía nueva se encuentra con una fuerte oposición, al decir de muchos alimentada por el sector más conservador, eclesiásticos, burgueses con intereses coloniales o las burguesías periféricas y los republicanos federalistas. La prensa satírica de la época no tuvo piedad con el nuevo rey como recogería el gran Benito Pérez Galdós en su episodio nacional dedicado a ese tiempo: "una promesa indiscreta oblígame a escribir algo de ese reinadillo de don Amadeo que solo duró dos años y treinta y nueve días". Efectivamente el asesinato de Prim en diciembre de 1871 hizo del resto del reinado un suplicio. Finalmente, en febrero de 1873 la aventura del rey italiano había terminado. La Constitución de 1869 entraba en crisis seria.
La proclamación de la I República por las cortes inició un periodo de inestabilidad y debilidad. Desde febrero de 1873 hasta enero del año siguiente hubo cinco presidentes que navegaron entre multitud de problemas. En marzo se proclama una república catalana en tanto que la república federalista española ideada por Pi y Margall no logra ni aprobar su constitución y el político dimite. Las insurrecciones federalistas, la tercera guerra carlista, la guerra grande de Cuba y el movimiento cantonalista, muy potente y virulento en el Levante (Cartagena) y Andalucía, acabaron de minar el experimento republicano; otra vez Galdós lo pone en boca de uno de sus personajes en su episodio "La primera República": "Vendrá el barrido de toda esta pillería que quiere dividir a España en cantones con autonosuyas". Así las cosas, el 3 de enero de 1873 el general Manuel Pavía irrumpe en el Congreso de los Diputados. El poder queda en manos del monárquico Francisco Serrano. Se acabaron aquí los experimentos del sexenio que unos llaman revolucionario y otros, democrático. Y fue el fin -aunque el último año no tuviera aplicación- de una Constitución buena, de avances, pero con mala suerte "escénica". Vistos los sucesos de aquellos años, tal vez fuera cierta la frase atribuida al entonces canciller alemán Otto von Bismarck: "España es el país más fuerte del mundo: los españoles llevan siglos intentado destruirlo y no lo han conseguido".
Luego, sabido es, se produjo la Restauración monárquica con la entronización de Alfonso XII inspirada y dirigida por Antonio Cánovas del Castillo. Se diseñó la Constitución de 1876 que propició una alternancia política y, aunque aquejada de males endémicos como el caciquismo, sobrevivió durante 47 años, hasta la dictadura de Primo de Rivera. La Constitución de 1931 de la II República duró ocho años hasta la fatídica Guerra Civil.
Pese a todos los avatares históricos "España -según el historiador Juan Pro-, contra lo que sostienen algunos, no es un estado fallido". Sus fronteras permanecen casi inalterables desde 1812. Si parece haber un débil sentimiento nacional es porque en aquel siglo XIX se consideraba que se podía ser muy español y ser además extremeño, castellano, catalán, vasco, gallego, asturiano, murciano o lo que fuera sin contradicción. La Constitución actual de 1978 quiso dar respuesta pactada a todo, incluyendo la espinosa cuestión territorial. Y, como "Ley fundamental del Estado" marco de convivencia inexcusable, bien está su respeto y celebración.
[Benito Pérez Galdós. Episodios Nacionales: Amadeo I; La Primera República; 22. Espasa Calpe, 2008; Manuel Pérez Ledesma. La Constitución de 1869. Iustel, 2010; Juan Pro. La construcción del Estado en España. Alianza, 2019]
