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El uso de la vivienda familiar tras las rupturas matrimoniales

El último cambio de criterio del Tribunal Supremo

Una de las medidas más importantes y que más afecta a la vida de las parejas cuando se produce la ruptura del matrimonio es la relativa a la atribución del uso de la vivienda familiar. Hay dos maneras de llevarla a cabo, una es mediante un pacto de ambas partes en el marco de un procedimiento de separación o divorcio de mutuo acuerdo. La otra es que el juez que decreta la disolución del matrimonio lo decida en la sentencia que pone fin a los divorcios que se tramitan de forma contenciosa, es decir por las malas y sin ningún tipo de acuerdo.

El criterio que seguían los jueces a la hora de decidir quién continuaba con el uso del domicilio conyugal era que el progenitor al cual le otorgaban la custodia de los menores continuaba viviendo en él en compañía de sus hijos. Obviamente, si se acordaba una custodia compartida el criterio tenía que cambiar por necesidad. En estos casos había varias soluciones, desde que continuaran los menores en la vivienda y los padres iban rotando en el uso de ella, hasta atribuir el uso solo a uno de ellos, el cual convivía con los menores cuando por turno le correspondiera estar con ellos y el resto del tiempo la disfrutaba en exclusividad.

Cuando la atribución del uso de la vivienda conyugal viene acompañada de la adjudicación de la propiedad no suelen presentarse problemas. Esta adjudicación obedece en la mayoría de los casos a que se obtiene su titularidad en la liquidación de la sociedad de gananciales o porque pertenecía a uno de los cónyuges, o a sus familiares, con anterioridad al matrimonio. El conflicto surge cuando el uso de la vivienda le corresponde en exclusividad a una de las partes, pero la propiedad sigue siendo compartida por ambos. En este caso existe la obligación de los dos propietarios de seguir pagando la mitad de la cuota hipotecaria o de las derramas que genere la vivienda, con independencia de que se viva o no en dicho domicilio.

La situación, ya de por sí tensa, suele empeorar cuando entra en escena una tercera persona, por le general la nueva pareja de quien continúa viviendo en el domicilio familiar, la cual se traslada a vivir a ese mismo domicilio. En estos casos, la solución, o no solución, mejor dicho, que daban nuestros tribunales a tales situaciones era que el cónyuge, todavía copropietario de la vivienda pero que no vivía en ella, tenía que continuar haciéndose cargo de la mitad de la cuota hipotecaria y a la vez procurarse otra vivienda donde vivir, de alquiler o comprada, y por supuesto, hacerse cargo íntegramente de todos sus gastos. Y todo ello aunque en su antiguo domicilio familiar estuviera viviendo la pareja de su antiguo cónyuge.

El Tribunal Supremo, en varias sentencias dictadas en procedimientos recientes, ha venido a solucionar este problema cambiando el criterio jurisprudencial que venían siguiendo la mayoría de las Salas de las distintas Audiencias Provinciales. Hasta ahora la atribución de la vivienda familiar a favor de los menores y del cónyuge con el que convivían se alargaba hasta la mayoría de edad de los hijos. Ese era el momento en el que el progenitor que había tenido que buscar otra vivienda podía solicitar la extinción del derecho al uso del domicilio conyugal y proceder a vender su parte a la expareja o a una tercera persona, incluso sacarlo a subasta cuando ambos titulares no se ponían de acuerdo con el precio o con la forma de la venta.

El Tribunal Supremo ha paliado en gran medida la situación injusta que se venía dando hasta ahora, permitiendo que se decrete la extinción del derecho a la atribución del domicilio conyugal en aquellos casos en los que, aparte del progenitor custodio y los menores, convivan de forma estable en ese domicilio otras personas. El alto Tribunal razona su decisión, alegando en los fundamentos de derecho de la sentencia, que la intromisión en la vivienda que fue hogar conyugal de otra persona diferente a los integrantes de la familia, hace que pierda su condición jurídica de domicilio conyugal. Como consecuencia de lo anterior queda extinguida la medida relativa a la atribución de su uso, permitiendo por lo tanto a cualquiera de los copropietarios solicitar la venta del inmueble y poner fin, esta vez definitivamente, a la incómoda, y porque no decirlo, desagradable situación, de estar pagando una vivienda sin poder disfrutar de su uso.

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