La semana pasada se celebró en todo el mundo el Día Internacional contra la corrupción. Como en ediciones anteriores, la organización Transparencia Internacional emitió un comunicado sumándose a la campaña de Naciones Unidas. Este año pretende sensibilizar sobre el impacto que tiene la corrupción en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esos mismos días, coincidía en Madrid la Cumbre sobre la Acción Climática ONU 2019 - COP 25 en un escenario poco optimista que los observadores achacaron a la política del avestruz de los países del G20, plagados de intereses poco confesables. El secretario general de la ONU expresó su decepción y reafirmó su determinación de seguir trabajando para que todos los países se comprometan con la acción climática.
¿Están vinculados ambos fenómenos? En el año 2011, 50 expertos mundiales del fenómeno de la corrupción habían publicado un exhaustivo análisis ("Informe Global de la Corrupción: Cambio climático") donde se reconocía que afrontamos no solo un desafío para nuestras actuales estructuras de gobernabilidad, sino que también trasciende las tipologías de corrupción conocidas. Se manejarán enormes cantidades de dinero con mecanismos financieros nuevos, que nunca han sido probados, con el riesgo de corrupción por la baja coordinación y el alto nivel de complejidad. Eso por no hablar de todo el dinero despilfarrado en infraestructuras por los estados sin tener en cuenta la influencia del cambio climático.
Los movimientos ambientalistas y anticorrupción deben trabajar juntos, concluían los expertos. Esto obliga a una interesante toma de posición de los auditores en todo el mundo. Veamos un buen ejemplo, traído desde la mismísima capital del imperio.
La Administración estadounidense aparenta no creer demasiado en el cambio climático; al menos sus actuales dirigentes. Sin embargo, los auditores de la GAO norteamericana han dedicado mucho trabajo a evaluar sus efectos. Se trata de la agencia federal que supervisa la gestión pública del presupuesto de EE UU. Como el FBI de los auditores. Presumen de tener los funcionarios mejor pagados del país y también la plantilla más formada, frecuentemente doctorados.
Pues bien, esta misma semana, mientras la nación más rica del mundo pasaba olímpicamente de la conferencia de Madrid, la GAO hacía público su habitual informe -docenas lleva- que censuraba al Gobierno federal por carecer de una estrategia para priorizar aquellos planes con mayor impacto sobre el cambio climático. Concluía la necesidad de invertir en proyectos de resiliencia climática para ayudar a los ciudadanos a prepararse para los futuros peligros, como el aumento del nivel del mar.
En noviembre, por ejemplo, le dejaba un recado ante el previsible aumento de la frecuencia e intensidad de ciertos desastres naturales: pedían revaluar las localizaciones de desechos peligrosos más contaminados del país, usualmente denominados allí "superfund". Alrededor del 60% del territorio de EE UU se encuentra en áreas que pueden verse afectadas por incendios forestales y diferentes tipos de inundaciones o desastres naturales que se verán agravadas por el cambio climático.
Recomendaban dictar las instrucciones precisas para integrar la información climática en toda la toma pública de decisiones para garantizar la protección a largo plazo de la salud humana y el medio ambiente. En EE UU hubo 14 grandes desastres climáticos en 2018 que costaron al contribuyente un total de cien mil millones de dólares. Es probable que estos costos aumenten debido al cambio climático, concluyen.
Como su misión fiscalizadora es "seguir el dólar federal" y no predicar la bondad humana, llevan años alertando de los perniciosos efectos económicos de tanta mala gestión o despilfarro. Lo hacen publicando cada dos años la lista de 30 áreas de alto riesgo en el presupuesto federal. Entre ellas, sin ir más lejos, encontramos como un tema estrella "la exposición fiscal del Gobierno al cambio climático". Para reducirlo, piden al Gobierno de Trump "un enfoque estratégico coherente". Esto incluye la creación de una agencia especializada que coordine la gran cantidad de entidades federales que administran programas y actividades afectadas por el cambio climático. Algo inusual en unos auditores que, en cuanto pueden, exigen la supresión de organismos por innecesarios o redundantes.
Podemos concluir de sus análisis, por tanto, que omitir los efectos del cambio climático en las grandes decisiones presupuestarias, sobre todo en las infraestructuras, es una forma de despilfarro impune.
